Se han ‘cagado’. Literalmente, porque llevan Pablo Iglesias y Pedro Sánchez muchos meses anunciando que les iban a ‘partir el espinazo’ a las multinacionales, obligándolas a pagar impuestos en España y a la hora de la verdad, después de aprobar la medida, por miedo al cabreo de Donald Trump, han retrasado su aplicación como poco hasta navidades.
El Gobierno social-comunista ha aprobado este 18 de febrero de 2020 la creación de dos nuevos impuestos, sobre algunas actividades comerciales de las plataformas digitales y a las transacciones financieras, con los que, sin embargo, espera recaudar menos en conjunto de lo que esperaba hace un año.
Cuando planteó por primera vez crear estas nuevas tasas en 2019, calculó que en conjunto supondrían ingresos de 1.950 millones, que este martes han quedado «minoradas» a un total de 1.836.
La diferencia se debe a que por «ralentización económica», la tasa Google no recaudará 1.200 millones previstos el año pasado, sino 968.
El año pasado, esperaba que el impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas, ,a denominada tasa Google, podría suponer ingresos por valor de 1.200 millones al año pero este martes Montero los ha reducido a 968 millones, una cifra «minorada debido a la ralentización de la economía» y también a la experiencia en otros países que ya la han puesto en práctica.
Lo contrario podría ocurrir con el otro nuevo impuesto, la conocida Tasa Tobin sobre las transacciones financieras.
El año pasado, el Gobierno estipuló que con ella podrían recaudarse más de 750 millones y hoy Montero ha elevado esta cantidad a 850 millones.
Ni pymes ni consumidores
Según ha explicado la ministra, este impuesto «no va a afectar a pequeñas y medianas empresas», sino a operaciones de adquisición de sociedades españolas cotizadas con un capital superior a 1.000 millones de euros.
En esos casos, habrá un gravamen del 2% que se aplicará al intermediario de la operación.
Montero también ha excluido a pymes y un sector especialmente importante para el Gobierno, ha dicho, las ‘start ups’ entre las empresas que se vean afectadas por la tasa Google.
La propuesta aprobada este martes «garantiza que ninguna pyme tenga que pagar ni el sector que queremos proteger, las ‘start ups’, las que empiezan».
De la misma manera, la ministra de Hacienda ha negado que estos dos impuestos vayan a repercutir en el consumidor, una «sombra» que, según ha dicho, aparece cada vez que se crea un nuevo impuesto.
«De ninguna manera tendría que repercutir», ha dicho Montero, que ha recordado que el aumento de la recaudación prevista con ellos irá a financiar servicios públicos que ha esperado que «use» y se sienta «orgullosa» la clase media, «que es la que contribuye en mayor medida con la fiscalidad».
Montero ha defendido este martes la creación de estos dos nuevos impuestos en la necesidad de «modernizar» el sistema fiscal español a la nueva realidad económica, donde operan grandes empresas digitales que, a diferencia de las empresas «tradicionales», no tienen impuestos que puedan aplicárselas de manera adecuada.
«No podemos tener un estado moderno si nuestro sistema tributario es un modelo caduco», ha dicho Montero, que ha señalado que la fiscalidad actual tiene hecho «un traje a medida» a las empresas tradicionales, hay que adecuar la fiscalidad a nuevas actividades económicas», como por ejemplo, en el caso de la tasa digital, a la venta de datos de los usuarios.
Traje a medida
También como una cuestión de «justicia social», puesto que, en relación con la Tasa Tobin, Montero ha recordado que el sector financiero «recibió durante la crisis un importante apoyo público» y «es de justicia social que ahora contribuya de forma más enérgica al mantenimiento de los servicios públicos».
Según ha explicado Montero, la Tasa Tobin ya se aplica en otros países como Alemania y Francia con los que España quiere estar en línea, el motivo que ha dado para que el gravamen del 0,2% sobre las transacciones financieras no se vaya a aplicar sobre los productos financieros derivados.
Por lo que respecta a la tasa Google, Montero se ha remitido a las palabras de este jueves de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, que anunció desde Bruselas que en lugar de una liquidación trimestral como será la norma más adelante, este año se hará un solo pago, en el mes de diciembre. Con ello, el Gobierno busca dar tiempo a las negociaciones que se están desarrollando en la UE y en la OCDE para que el impuesto a las plataformas digitales sea el mismo en todo el mundo.
Por eso, Montero ha explicado que el proyecto de ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para la creación de la tasa Google incluye otra «salvaguarda» que afirma que la tasa española se «adaptará» a la fiscalidad internacional en caso de que se acuerde antes de final de este año.
Por otra parte, Montero no ha querido abundar en la amenaza de sanciones, algunas ya en marcha, que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para países que introduzcan tasas que, como la digital, perjudican a sus multinacionales.
«EEUU conoce la intención de este Gobierno de la puesta en marcha de esta fiscalidad, es importante que sigamos teniendo los debates que tenemos en la actualidad», ha dicho Montero, que ha asegurado que en la «política arancelaria» de Estados Unidos, que ya incluye sanciones a productos españoles como las aceitunas, «ha tenido más que ver con la política internacional y cuestiones sobre Boeing que nada tienen que ver con la fiscalidad de este país».