El Ministerio de Vivienda pretende incluir en la nueva Ley del Suelo la obligatoriedad de que en los nuevos planteamientos urbanísticos se reserve al menos un 25% del suelo a la promoción de viviendas de protección oficial. Así se ha incluido ya en un documento que está sirviendo de base para las primeras discusiones «reservadas» de las que saldrá el borrador de la futura ley, que debe ser consensuada con las comunidades autónomas.
En la actualidad, cada comunidad autónoma tiene legislado qué porcentaje de los nuevos planeamientos urbanísticos debe ser destinado a VPO, lo que origina diferencias sustanciales entre las distintas autonomías.
La ministra de Vivienda, que clausuró este miércoles en Guadalupe (Cáceres) la X Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo en América Latina y El Caribe, anunció que la reforma de lalegislación en materia de suelo incluirá la elaboración de un Estatuto Básico de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos:
«Iniciativa que hasta ahora nunca se había acometido y que pretende vincular la normativa del suelo con el derecho a la vivienda y regular los derechos del ciudadano, pero no como propietario».
Trujillo explicó que la reforma no incidirá en la liberalización del suelo:
«El suelo se liberalizó en las más de seis modificaciones legislativas que se hicieron durante las dos anteriores legislaturas y el precio de la vivienda no sólo no se moderó, sino que ha crecido más del 140% en los últimos años».
Trujillo, que reconoció que el borrador de la futura norma ya se está debatiendo en un ámbito ‘todavía reservado’, explicó que uno de los mecanismos que conserva el Estado para posibilitar un aumento de la oferta de suelo a precios asequibles es recomendar el establecimiento de una reserva de terrenos para la construcción de pisos protegidos (VPO) en todos los nuevos desarrollos urbanísticos, ‘tal y como contempla el Tribunal Constitucional’.
En la actualidad, el porcentaje destinado a la construcción de VPO lo establece cada comunidad autónoma y de hecho existen regiones que no determinan porcentaje alguno, como es la Generalitat Valenciana, otras que lo han fijado en cantidades sensiblemente inferiores, mientras también existen autonomías que lo han elevado hasta un 50% (Madrid, en proceso de reforma) y Navarra un 65%.
Sobre la posibilidad de modificar o no la actual legislación en materia de expropiaciones, Trujillo sólo aseguró que se establecerá un nuevo sistema de valoraciones que tendrá en cuenta el precio real de cada terreno y no las expectativas de posibles plusvalías futuras. La ministra se comprometió a que el nuevo marco legal sea extremadamente riguroso con las competencias que ostentan comunidades autónomas y ayuntamientos.
De hecho, ‘la ley, además de su articulado, contendrá criterios generales y recomendaciones a llevar a cabo por parte de las administraciones’, por lo que se mostró convencida de que contará con los instrumentos necesarios para evitar la retención especulativa de suelo.
Respecto a la conveniencia de gravar o no fiscalmente los solares que permanezcan sin edificar durante un tiempo determinado (como hacen, entre otras, la región de Extremadura), Trujillo aseguró que el apartado impositivo pertenece al ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda. La ministra reiteró que el objetivo último de la futura ley del suelo será acabar con la especulación y lograr un abaratamiento de la vivienda.
La ministra reiteró que la partida presupuestaria destinada a Vivienda será, junto al de I+D+i, de las que más aumente en las cuentas de 2006, ya que al menos mejorará en un 20%.
Itinerario de la ‘ley Trujillo’
La nueva Ley del Suelo que pretende aprobar la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha echado a andar. El Ministerio ha recibido ya el documento preliminar elaborado por los expertos, y se ha puesto después a disposición de determinadas instituciones interesadas para que aporten las aclaraciones que estimen oportunas. PSOE, Federación Española de Municipios y Provincias, etc., habrían recibido ya el documento, que, una vez devuelto al Ministerio, será debatido en la conferencia sectorial de suelo y vivienda, éste mismo otoño, para lograr, en la medida de lo posible, el consenso de las comunidades autónomas.
Superado tal trámite (la ministra quiere que ‘su’ ley cuente con el mayor respaldo político posible) será llevada al Consejo de Ministros para que la envíe al Parlamento antes de que termine el actual periodo de sesiones. Así, la tramitación parlamentaria se desarrollaría en 2006 para que entre en vigor a lo largo del próximo ejercicio.
