El Observatorio de Vivienda, creado por el Consejo General del Notariado y el despacho Garrigues, denuncia que la práctica de la «corrupción» sigue registrándose en la contratación pública, muy especialmente en el ámbito del sector inmobiliario y en materia de vivienda y suelo, por lo que pide medidas para luchar contra lo que supone, a su juicio, uno de los grandes problemas de este mercado.
En la presentación del primer informe de este órgano que se ha entregado a los grupos parlamentarios, el presidente de la firma Garrigues, Antonio Garrigues, afirmó que las «grandes bolsas de dinero» que genera el mercado de la vivienda se convierten en un problema de «corrupción» en ese ámbito, y que, a su juicio, afecta de manera «real» al funcionamiento de la economía española.
En concreto, el Observatorio de Vivienda pone de manifiesto la dependencia de los ayuntamientos sobre la enajenación de suelo público para obtener ingresos. Así, indica que la insuficiente financiación de las administraciones locales hace que éstas utilicen procedimientos «no objetivos» en la transformación del suelo, de manera que llegan a apropiarse de hasta el 50% de las plusvalías esperadas en esa operación.
«La falta de financiación de las haciendas locales y la sobrecarga de competencias de los ayuntamientos han dado lugar a lo que podría llamarse un urbanismo financiero que está generando plusvalías públicas y privadas muy notables», precisa el informe, que recomienda la modificación del sistema de financiación local para combatir esta situación sin aumentar los impuestos, sino a través de una redistribución impositiva. Así, considera que los patrimonios municipales de suelo no pueden convertirse en instrumentos «especulativos», ya que, según explica, el alza de los precios de la vivienda descansa «en buena medida» en la financiación local a través del mercado del suelo y en el sistema de planeamiento urbanístico «muy rígido».
Mayor esfuerzo
Por ello, Garrigues solicitó un esfuerzo «multidisciplinar» y la colaboración de todos los estamentos políticos y de los agentes que participan en el mercado de la vivienda y el suelo para adoptar medidas contra esa «corrupción», como es la introducción de parámetros de transparencia en el ámbito fiscal, urbanístico e inmobiliario y la armonización de la legislación en materia de suelo.
Igualmente, el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, pidió a la Administración que otorgue a los notarios más instrumentos para luchar contra esa «corrupción», con el fin de reducir los márgenes de maniobra del defraudador.
El informe, que recoge las conclusiones de unas jornadas organizadas en el periodo 2004-2005 y en las que participaron más de 100 expertos, considera que la política global de las Administraciones públicas debería garantizar la suficiencia de suelo público bien localizado con destino a vivienda protegida a precio tasado, tanto pública como privada. No obstante, advierte que los aumentos de porcentajes de cesión de suelo si no se adoptan de forma transitoria provocarán un encarecimiento de la vivienda.
