La Consejería de Obras Públicas publicó hoy en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la orden que establece los derechos de tanteo y retracto de la Junta de Andalucía en los procesos de compraventa de VPO y que fija los precios máximos de venta, que, según la titular del departamento, Concepción Gutiérrez, podrían aumentar hasta en un 200 por cien el valor inicial al contemplar la evolución del precio del suelo.
En rueda de prensa, Gutiérrez explicó que la orden «remite a la normativa de referencia» del plan originario de cada vivienda protegida, con lo que no incluye nuevas limitaciones para los propietarios más allá de las que recoge el régimen jurídico de cada plan de vivienda andaluz, que establece «cuánto tiempo deben tenerse en propiedad, a quién puede venderse y de qué manera».
Los precios se fijan conforme a unas tablas de equivalencia, en función del plan en el que están incluidas las promociones y la población (grandes ciudades, ciudades de más de 20.000 habitantes y ciudades con menos de 20.000 habitantes).
La consejera destacó que se trata de «clarificar» la normativa existente al respecto, para lo que se han definido tres «grupos básicos para hacer más fácil la comprensión del régimen jurídico de la vivienda protegida».
Así, explicó que las promociones con fecha desde 1978, cuando se emite la primera ley en esta materia, hasta la aprobación del Plan Andaluz de Vivienda en 1992, sólo se pide que se comunique a la Administración «cualquier proceso de transmisión», pero no establece limitaciones en cuanto al comprador o al precio de la vivienda. Según precisó, más del 90 por ciento de las intenciones de transmisiones de propietarios de VPO se refiere a los planes anteriores a 1992.
En el caso de las promociones que se rigen por los planes aprobados entre 1992 y 1999, apuntó que se inicia un régimen jurídico distinto, puesto que, al comenzar a edificarse «en la ciudad en lugar de en la periferia», debe quedar «muy claro a quién se puede vender, que es a otra familia que reúna los requisitos para obtener una vivienda protegida», mientras que el precio máximo también se concreta.
En este caso, la Junta puede ejercer su derecho de retracto y tanteo sólo cuando se incumplan los requisitos de transmisión antes citados. La consejera, que dijo que los incumplimientos se pueden controlar mediante la información de Hacienda, indicó que se consideran ciertos los datos que aportan los ciudadanos porque el «99 por ciento no quiere especular» con este tipo de viviendas.
PREFERENCIA DE LA JUNTA
Por su parte, en los planes de vivienda aprobados a partir de 1999, la Administración regional tiene un derecho de preferencia en la compra de VPO, «dada la presión y la necesidad que hay de vivienda protegida para familias de recursos limitados, que han sido expulsadas del mercado libre». Las unidades compradas por la Junta por este sistema –EPSA tiene una capacidad de endeudamiento de 70 millones de euros– entrarían en el siguiente concurso de VPO.
«Cuando una persona opta a una vivienda protegida y se le da en lugar de a otras muchas que tienen derecho, adquieren un compromiso claro de que sea su lugar de residencia», remarcó Gutiérrez, que aseguró que la Junta «no quiere quedarse con ninguna vivienda, sino que las tengan los ciudadanos», pero insistió en que se debe respetar ese marco jurídico de compromiso para evitar que «el esfuerzo de la administración entre en el régimen especulativo».
También informó de que en todas las delegaciones provinciales de Obras Públicas se han puesto en funcionamiento «sistemas de información» para que todos los ciudadanos «tengan claro» el régimen jurídico por el que se rige su VPO, al tiempo que aseveró que ha llegado a acuerdos con los colegios profesionales de notarios y registradores «para que haya una aplicación homogénea en toda la comunidad», al obligarles a comunicar las transmisiones.
La consejera señaló que los beneficiarios de VPO podrán pedir cita en las delegaciones provinciales para analizar sus casos concretos y clarificar al plan de vivienda al que se acogen sus viviendas. En cuanto a las críticas de los registradores sobre la paralización de estos procesos, dijo que hay un compromiso para agilizarlos, porque «puede haber un efecto llamada que se normalizará en tres o cuatro meses».
Por último, destacó que el objetivo de la Junta con toda la normativa referida al suelo y la vivienda es facilitar el acceso a este mercado a los jóvenes, ya que sólo un 10 ó un 15 por ciento de las 15.000 viviendas anuales que se construyen en Andalucía son de VPO, al tiempo que indicó que «se abrirán más posibilidades» de VPO en régimen de alquiler con opción de compra.
