La mitad de la oferta de las casas nuevas en España no se ajusta a la demanda, sino que se construye con criterios especulativos. El informe realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad (OSE) denuncia también que, pese a que se edifica más, los precios son cada vez más inaccesibles. El modelo de construcción en España se caracteriza por la «insostenibilidad» y la «irresponsabilidad«, dicen los técnicos.
Luis Jiménez, director del OSE -organismo independiente impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá de Henares- cree que el
«crecimiento económico insostenible de hoy puede transformarse en insoportable mañana».
Prueba de ello, señaló Jiménez, es la «paradoja» de que cada vez haya más viviendas en España y de que éstas sean cada vez más inaccesibles para los jóvenes. Las cifras también hablan por sí mismas: el año pasado, con 812.294 viviendas, fue el de mayor construcción de toda la historia de España. El resultado es que el país tiene el mayor parque inmobiliario de la UE y también cuenta con un mayor número de viviendas en propiedad, resaltó Jiménez. Y se espera que siga creciendo, ya que las previsiones para 2006 cifran en 860.000 el número de nuevas viviendas.
Pero la realidad es que la mitad de esas viviendas sobra, afirma el director del OSE. «No responden a una demanda real«, aseguró Jiménez, que precisó que en 2005 en España se construyeron más viviendas que la suma de las levantadas en Alemania, Francia y Reino Unido. Jiménez observa que la ocupación del suelo ha sido tan elevada, sobre todo en el litoral, que los propios hosteleros recelan de esa ocupación y alertan de que puede propiciar una «huida» de turistas hacia otros destinos. Para frenar este modelo de insostenibilidad, añadió, se necesita «una nueva cultura del territorio«, que «impulse una gestión más racional, más democrática y perdurable«.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, coincidió en señalar que el modelo económico español «o es más sostenible o no será un modelo de desarrollo» y en que la ocupación y la transformación del territorio debe estar al servicio del interés general y no de intereses particulares. Narbona destacó las nuevas «herramientas» que ha puesto en marcha el Gobierno para conseguirlo, y citó la nueva Fiscalía Especial para perseguir los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, la futura Ley del Suelo o la reforma del Plan Hidrológico Nacional.
