En los últimos nueve años el precio de la vivienda en España se ha disparado hasta incrementarse en un 130 por ciento. Así lo revelan los datos publicados ayer por el Banco de España que recogen el crecimiento del precio real -contando con la inflación- de los pisos en nuestro país entre los años 1997 y 2005. Un periodo en el que, a la par que crecía el precio de los pisos, se incrementaba la inversión de los españoles en vivienda, que se elevó un 90 por ciento, duplicando su contribución al PIB nominal, pasando del 5,9 en 1997 al 11 por ciento en 2005.
Unas cifras que vienen dadas tanto por el dinamismo en el ritmo de construcción de viviendas como de sus precios y que demuestran que el actual ciclo expansivo del mercado inmobiliario, que se inició a mediados de los años 90, se presenta con una intensidad y con una duración muy superior al anterior ciclo de este tipo que se dio entre los años 1985 y 1990, cuan los precios de los pisos se incrementaron en un 115 por ciento.
Como factores que han contribuido a que este ciclo de desarrollo inmobiliario sea tan fuerte el Banco de España apunta a la prolongada expansión de la economía española y los incrementos del empleo, que han favorecido la creación de hogares y con ellos no sólo la compra de viviendas principales, sino también de viviendas vacacionales. También influyen otros elementos como el aumento de la población, principalmente de origen extranjero, el mantenimiento de unas condiciones financieras holgadas durante un largo periodo y a la flexibilidad mostrada por las entidades de crédito.
«MEDIDAS DE MAYOR CALADO»
El ‘Boletín Económico’ del Instituto Emisor señala que nuestro parque inmobiliario viene caracterizado por «un número apreciable de viviendas vacías, un predominio de la vivienda en propiedad, frente a la de alquiler, y el un escaso peso de la vivienda protegida». Para paliar esto, solicita «medidas de mayor calado» para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y colectivos más desfavorecidos. Aunque reconoce que será necesario esperar unos años para poder comprobar la efectividad de las medidas orientadas a dotar de más peso al mercado de VPO, como la ampliación de los objetivos de los planes de vivienda, las elevaciones de los precios permitidos o la ampliación de la dotación presupuestaria correspondiente.
En este sentido, apunta algunas medidas normativas concretas como «la entrada en funcionamiento de los juicios rápidos por impagos, o la revisión de aquellos aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que pueden estar frenando la entrada de viviendas vacías en el mercado de alquiler». El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez también señala que «las medidas que tratan de facilitar el acceso a una vivienda de alquiler por parte de los jóvenes son actuaciones parciales, que sólo afectan a una porción de la demanda potencial de la vivienda».
