Ante la cercana entrada en vigor de la dura legislación medioambiental del Gobierno, los equipos y gabinetes están entregando sus proyectos a toda prisa antes de que venza el plazo.
La nueva legislación que recoge la construcción de nuevas viviendas obliga a incluir en los proyectos medidas de ahorro energético. En concreto fuerza a que la mitad del agua caliente que se consuma haya utilizado energía solar. La colocación de paneles en los tejados resulta caro y, según dicen algunos de los perjudicados, aumenta el precio final de la vivienda; esto sin contar las medidas de seguridad que en muchos casos hay que instalar para evitar el robo de estas instalaciones. Por si fuera poco la colocación de paneles solares supone a los equipos de arquitectos presentar una larga serie de cálculos acerca de la energía renovable que se obtendrá.
La imprevisión y la poca información que ha ofrecido el Gobierno han provocado que al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro esté llegando un aluvión de profesionales; presentan sus proyectos antes de que acabe el plazo para evitar la nueva normativa y su carga medioambiental y económica.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, incluyó estas medidas en el Código Técnico de Edificación. Uno de los objetivos era la construcción de «casas verdes», pero en el trasfondo queda el interés de España por cumplir el Protocolo de Kioto.
Lo llamativo en este caso es que no sólo llegan proyectos de construcción particulares, sino también buena parte de los proyectos de edificios de la Ecociudad de Sarriguren, una iniciativa del Departamento de Medio Ambiente del gobierno foral navarro, muchos de cuyos bloques se destinarán a viviendas de protección oficial (VPO) y precio tasado. Presumen además de cumplir con un diseño especialmente cuidado para consumir menos energía, pero esa avalancha de proyectos parece mostrar que a sus arquitectos tampoco les ha gustado la normativa del Gobierno.
La improvisación del Ejecutivo nacional se ha hecho pues notar en Navarra; la construcción de VPO, una de las principales bazas del departamento foral de Vivienda, podría chocar en esta ocasión con objetivos del de Medio Ambiente. El consejero de ambas, el convergente José Andrés Burguete, ha procurado por el momento que el asunto pase desapercibido.