«Una infección parasitaria de viviendas ilegales». Con estas palabras, el consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, justificó ayer la retirada de las competencias de disciplina urbanística al municipio alicantino de Catral (6.500 habitantes), en el mismo momento que su director territorial provincial y la Policía Autonómica irrumpía en dicho ayuntamiento para presentar al alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez Leal, la resolución por la que el Ejecutivo autonómico asume, en régimen exclusivo, las citadas competencias propias de esta Administración.
Cuenta Javier Reigadas en ABC que, además, el Gobierno valenciano no descarta, si procede por caso extremo, restar en el futuro nuevas competencias -las de planificación- e, incluso, determinar la disolución del Consistorio y la petición al Gobierno central de la convocatoria de nuevas elecciones.
La polémica, a sólo 24 horas de la moción de censura del PSPV contra Camps en el día de hoy, eleva la temperatura política en la región hasta grados insospechados.
Sobre un parque natural
Según el consejero, la situación es «muy grave», sin paragón en la Comunidad y con la única similitud posible en el caso de la Junta de Andalucía con Marbella. La observación directa por parte de técnicos de la Generalitat y las ortofotografías tomadas entre 2002 y 2005 revelan que se han construido, al menos, 1.270 viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo no urbanizable protegido, dado de que existen construcciones en el Parque Natural de El Hondo.
En concreto, la ocupación aproximada de suelo de manera ilegal se puede cifrar en casi tres millones de metros cuadrados (2.967.998 m2) en 2005 con unas edificaciones que no han pagado impuestos y que no tienen cesión de viales ni de servicios.
Para que la trama no decaiga en interés, se da la circunstancia de que el mayor constructor de viviendas ilegales es el cuñado del propio alcalde, quien ha reconocido el hecho, excusándose en que le dijo que no siguiera con las obras pero que su familiar «no le hizo caso». Las empresas, en su conjunto, habrían obtenido un beneficio de 80 millones de euros con las más de mil casas.
La Generalitat «pelea» desde 2002 con el Ayuntamiento de Catral, cuando se observó que existían 358 viviendas ilegales en 753.199 metros cuadrados -713.535 m2 en suelo no urbanizable y 39.664 m2 en el Parque Natural de El Hondo-.
En 2005, las edificaciones eran ya 1.270 y la superficie irregular alcanzaba los citados tres millones de metros cuadrados citados -2.697.846 m2 en suelo no urbanizable y 270.152 m2 en el Parque Natural-, lo que supone un incremento del 355% respecto al número de construcciones; un 394% sobre los metros cuadrados totales; un 378% sobre el suelo no urbanizable; y un 681% sobre el suelo no urbanizable protegido.
Además, un informe del Seprona acreditó en octubre de 2004 la «gravedad» de las actuaciones en el municipio alicantino y la «sensación de impunidad total» que se crea con la actitud de su Alcaldía, a la que acusa, en sus conclusiones, de no tener «voluntad para solucionar el problema».
