Es necesario simplificar los trámites urbanísticos para eliminar la corrupción en el sector

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) aseguró ayer que es necesario simplificar los trámites urbanísticos con los ayuntamientos para poder eliminar la corrupción en el sector, ya que de esta manera se aportaría una mayor ‘transparencia’ al proceso y se podrían eliminar las ‘excepciones’ que se dan en las actuaciones urbanísticas de algunos ayuntamientos.

Durante un desayuno informativo organizado por APCE para presentar el XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores, que se celebrará el 20 de noviembre, su secretario general, Manuel Martí, aseguró que estas ‘excepciones’, entre las que mencionó las recalificaciones de suelo previo pago de los promotores a los ayuntamientos, se ven favorecidas por la ‘excesiva’ burocracia existente actualmente en los trámites urbanísticos, cuya simplificación permitiría la reducción de los casos de corrupción.

Además, Martí apuntó que sólo tres puntos del decálogo contra la corrupción urbanística presentado recientemente por el PSOE tienen relación con la corrupción, y que este vínculo es ‘tangencial’. No obstante, señaló que desde APCE se ha elaborado un manifiesto anticorrupción en el que se recogerán medidas para luchar contra estas prácticas irregulares, y que será presentado en el XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores.

Por otra parte, el presidente de APCE, Guillermo Chicote, señaló que los últimos casos de corrupción urbanística conocidos han supuesto una ‘pérdida de imagen’ para el colectivo de los promotores inmobiliarios pese a ser casos aislados.

En esta línea, Chicote insistió en la voluntad de los promotores de colaborar en la lucha contra la corrupción, por cuanto supone una forma de competencia desleal, y aseguró que el colectivo es ‘totalmente enemigo de esta circunstancia’.

Por otra parte, desde APCE se insistió en el carácter aislado de los casos de corrupción urbanística, y se indicó que, si en España se han construido una media de 600.000 viviendas en los últimos años, y los casos conocidos no llegan a afectar a 20.000 viviendas en la actualidad, ‘parece que la importancia porcentual es muy pequeña’.

Otro de los asuntos tratados por los responsables de APCE fue el proyecto de la Ley de Suelo, cuyo plazo de enmiendas a la totalidad finalizó ayer, y a la que tildaron de ‘incoherente’, ya que plantea una mayor cesión de suelo a los ayuntamientos en un escenario de subidas de los precios de la vivienda.

Así, señalaron que la limitación del urbanismo no ayudará a frenar el precio de la vivienda al limitar la oferta ante un mismo nivel de demanda, por lo que reclamaron una mayor liberalización de suelo por parte de los ayuntamientos.

En el apartado de previsiones, APCE pronosticó un escenario urbanístico en el que habrá, ‘en líneas generales’, una ‘menor tensión en la compra de suelo’, de forma que se espera una estabilización del mercado.

Además, los responsables de la organización apuntaron a un agotamiento del actual modelo urbanístico y se indicó la conveniencia de hacerlo evolucionar, pero ‘no desde el decreto ley’, sino mediante la intervención de técnicos, especialistas, etc., que puedan realizar aportaciones desde el conocimiento especializado.

Asimismo, Chicote señaló que APCE no se opone a una ‘política de vivienda seria y de contención de precios’, si bien, abogó por llevarla a cabo ‘entre todos’ para buscar soluciones.

Por otra parte, los responsables de APCE aseguraron que la organización apoya plenamente el Código Técnico de Edificación (CTE), en cuya elaboración incluso participaron, y precisaron que su posición ante el documento no es otra que la de ‘dejar claro que supondrá un incremento de costes’, frente a las estimaciones del Ministerio de Vivienda, que calculan un sobrecoste casi inapreciable del 1%.

En este sentido, advirtieron del impacto que tendrá la implantación del CTE sobre el mercado de la VPO, ya que, un aumento los costes de construcción unido a la limitación de precio final de de este tipo de viviendas, hará que ‘alguien tenga que asumir el coste’ más allá del comprador.

Por ello, auguraron una reducción del mercado de vivienda protegida ante la ‘disfunción’ que supondrá un aumento del coste no reflejado en el precio final y la consecuente pérdida de rentabilidad en el desarrollo de viviendas de protección.

Por ello, tanto Martí como Chicote pidieron una revisión alza del precio de la vivienda protegida que amortigüe el aumento de los costes de construcción, ya que, ‘aunque siempre habrá una diferencia entre el precio de la VPO y la vivienda protegida’, la existente actualmente es ‘incómoda e insoportable’.

El XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores reunirá a personalidades del sector inmobiliario y urbanístico como el los presidentes de Martinsa, Fernando Martín; Inmobiliaria Colonial, José Luis Portillo; Grupo Reyal, Rafael Santamaría, y Restaura, Xavier Solano.

Los ponentes tratarán temas como la repercusión de las exigencias de CTE en el coste de la construcción, la evolución a corto y medio plazo del mercado de la vivienda, la magnitud del problema de la corrupción inmobiliaria o el impacto de la futura Ley de Suelo.

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