Las cuatro constructoras que cotizan en el Ibex -Acciona, ACS, FCC y Ferrovial- obtuvieron un 5,4% de beneficios sobre las ventas hasta septiembre, cuatro veces por debajo de los que registraron las inmobiliarias (22,7%) y tres menos que las concesionarias (15,2%), según datos recogidos por la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).
Otros sectores vinculados a la construcción como la energía y el metal también se posicionaron por delante de las constructoras, con unos beneficios del 14,8% y el 6,9%, respectivamente, mientras que el índice de beneficios de las constructoras fue casi la mitad de los obtenidos por el conjunto de empresas no financieras (9,9%).
No sacan partido del boom inmobiliario
«Estos resultados demuestran que las constructoras son las que menos se benefician del llamado boom inmobiliario», según ha interpretado el presidente de CCOC, Rafael Romero, que ha vinculado este fenómeno a la sobre dependencia que tienen este tipo de empresas de la solvencia de sus clientes.
Como muestra de ello, ha indicado que mientras Sacyr-Vallehermoso -que es constructora e inmobiliaria al mismo tiempo- obtuvo un 8% de beneficios, Metrovacesa -que es únicamente inmobiliaria-, obtuvo un 58,9%.
Romero ha aprovechado para denunciar el exceso de competencia que rige en el mercado de adjudicación de obras, ya que esto obliga a las constructoras a presentar oferta a todas las obras que se liciten, con los costes innecesarios que esto comporta.
Según el responsable de la CCOC, la sobrevaloración del precio menoscaba aspectos fundamentales como la formación de los trabajadores, la inversión en nuevos equipos y los métodos constructivos, de manera que no favorece la mejora de la productividad del sector.
Pacto por la competitividad
Por esta razón, ha emplazado al nuevo Gobierno de la Generalitat a incluir la construcción en el Pacto por la Internacionalización y la Competitividad de la economía catalana, sobre todo, teniendo en cuenta que la construcción supone el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya.
Asimismo, ha propugnado que las obras públicas se planifiquen con un horizonte temporal de seis años con el objetivo de desligarlas del calendario electoral, al tiempo que ha abogado por dar prioridad al contenido técnico antes que al precio en el proceso de adjudicación de las obras.
