Prácticamente todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados han presentado enmiendas al Proyecto de Ley del Suelo, que se centran sobre todo en la defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación territorial y urbanística.
En concreto, Esquerra ha entregado más de sesenta enmiendas, con las que pretende eliminar la ‘invasión competencial’ del proyecto de ley en algunos puntos.
Aparte de las modificaciones que ha hecho este grupo parlamentario en el ámbito competencial, Esquerra propone aumentar la reserva de suelo reservado para VPO (viviendas de protección oficial) del 25 al 30 por ciento, dado que incluye un 5 por ciento que deberá destinarse a viviendas de alquiler con el fin de permitir la emancipación de los jóvenes menores de 30 años.
El PNV, por su parte, ha presentado un total de diez enmiendas al proyecto de ley, en las que solicita la ‘no vulneración de la competencia de urbanismo y vivienda a los gobiernos autónomos’.
Reservar suelo para VPO
En una de sus propuestas más destacadas, este grupo se refiere a la reserva del 25 por ciento de suelo para VPO, dado que entiende que no deja ‘margen alguno’ a las Comunidades Autónomas para fijar los motivos, criterios o situaciones en los que se podrán acoger a regímenes excepcionales con reservas inferiores.
Coalición Canaria ha entregado cinco enmiendas, que tienen prácticamente la misma línea argumental, pero también fijan mejoras en el sistema de valoración del suelo.
Las enmiendas de IU-ICV, que son más de setenta, también pretenden elevar la reserva de suelo para VPO del 20 al 30 por ciento, pero además propone limitar los supuestos de exención para no hacer perder efectividad a esta obligación legal, de manera que éstas deban compensarse en el conjunto del territorio.
En relación con las cesiones obligatorias de suelo por parte de los promotores a los ayuntamientos, que tendrán que ser de entre el 5 y el 15 por ciento, este grupo parlamentario entiende que la futura ley ‘ha de poner coto a la práctica habitual de monetarización de las cesiones’, que, junto con otras prácticas, redundan ‘en graves incumplimientos sobre dotaciones exigibles por los ciudadanos a los desarrollos urbanísticos.
También destaca que resulta ‘regresivo’, respecto a la legislación actual, situar en el 5 por ciento el mínimo de cesión obligatoria, por lo que propone establecer la horquilla entre el 10 y el 15 por ciento.
Además, IU-ICV quiere que la ley recoja el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda e infraestructuras accesibles, un mayor respeto a la sostenibilidad y el medio ambiente, y que los terrenos objeto de actuaciones de nueva urbanización declaradas ilegales se mantendrán en la situación de suelo rural durante al menos veinte años.
CiU, en sus más de sesenta enmiendas, propone que el porcentaje mínimo de la reserva de suelo para VPO sea determinado por la legislación de cada comunidad autónoma.
En cuanto a la cesión de suelo, CiU quiere que se permita que las Administraciones puedan firmar convenios urbanísticos que superen el 20 por ciento establecido.
Este grupo también discrepa con el Gobierno sobre el sistema de valoración del suelo a efectos de expropiación.
El PP, que ha presentado casi sesenta enmiendas, propone suprimir una gran parte de los artículos que componen el proyecto de ley.
Además, se muestra contrario a que el texto establezca una nueva clasificación del suelo.
En términos de expropiación, el PP destaca que no se puede sustituir el valor real por el valor legal a pagar.
Por último, el principal partido de la oposición quiere impulsar el mercado del alquiler, por lo que cree necesaria la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la creación de los Juzgados de Vivienda.
El PSOE, por su parte, propone en una de sus ocho enmiendas que una actuación urbanística que conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un aumento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio sea autorizada con los máximos controles previstos en la legislación de cada comunidad autónoma.
