Causa alegría ver que hay vivienda social en los barrios buenos, pero sorprende quién la recibe. El hijo del alcalde de Valladolid y los de otros dos cargos del PP han sido beneficiarios de una interesante adjudicación por parte de una constructora que trabaja habitualmente para el Ayuntamiento.
Cuenta Joquín Vidal en Interviú que la constructora Zarzuela ha beneficiado con viviendas acogidas a protección oficial a los hijos de al menos tres altos cargos del PP en Valladolid. Este partido sostiene que los hijos de políticos también tienen derecho a vivienda pública.
Como cualquier hijo de fontanero o albañil. En el PP consideran legítimo que el hijo del alcalde, Javier León de la Riva; el del consejero de Agricultura, José Vallín, y el del ex delegado del Gobierno Isaías García Monje reciban viviendas sociales, aunque haya sido por adjudicación directa y sin sorteo.
El propio alcalde afirma:
“Si fuera un corrupto, mi hijo no habría necesitado VPO”.
Otra cosa es que muchos lo consideren injusto.
Los pisos, de 98 metros cuadrados con plaza de garaje, están en una coqueta urbanización en el barrio conocido como Villa de Prado. La constructora Zarzuela ha edificado en el número 1 de la calle Nuestra Señora del Henar un edificio de impecable empaque. Es un barrio de nueva construcción, en una de las zonas más interesantes de la capital.
Aunque estos pisos ya están entregados, la zona hoy es un hervidero de maquinaria de construcción, palés de ladrillos y operarios que dan los últimos retoques al nuevo barrio pera de Valladolid. En un extremo, en la avenida de Salamanca, el futurista y enorme edificio de la nuevas Cortes de Castilla y León. Arriba, en lo alto de un cerro, el nuevo Auditorio.
Lo construye una Unión Temporal de Empresas (UTE) que incluye a Zarzuela, la misma promotora que ha adjudicado los pisos a los hijos de la oligarquía del PP. Unos pisos concedidos, lo admite incluso la oposición socialista, aparentemente de manera legal, pero que han valido la mitad que los que se venden sin protección pública en la misma calle.
Legal, pero poco comprensible para muchos en Valladolid. Porque aplicar como único criterio los ingresos, sin tener en cuenta la antigüedad de la solicitud, el número de miembros de la familia, y no haber hecho un sorteo como en otras ciudades, ha sido motivo de polémica. Además, se permite a las constructoras seleccionar una parte de los beneficiarios, lo que deja la puerta abierta a favoritismos de toda índole.
Lejos del barrio pijo de la capital castellana está la tasca de Félix. Una bodega de barrio, con serrín en el suelo y olor a proletariado, donde se encuentran dos amigos, Eduardo y Jesús. Uno en el triste paro; el otro, ferrallista en obras variopintas.
Entre los dos acumulan catorce años esperando un piso de protección oficial. A esos años de espera suman hijos e indignación. Y horas perdidas en la cola de Viva, la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo que gestiona la vivienda pública del Ayuntamiento.
Infructuosas horas. Eduardo Villarrumiel asegura que va a crear la asociación “Hijalsa, hijos de alcalde, SA, a ver si de esta manera consigo un piso. Están alimentando un polvorín, la gente está muy harta de esta tomadura de pelo”.
Aun a riesgo de parecer demagogos, nadie en la tasca de Félix se abstrae de comparaciones: “Yo estoy en el paro –sigue Eduardo Villarrumiel–, el hijo del alcalde es director de la banca privada de Caja Duero; el del ex delegado del Gobierno, inspector de Hacienda. ¿Pero qué justicia es esta?”.
“No se trata de ver por qué tienen un piso ellos o el otro. El hijo del alcalde tiene exactamente el mismo derecho que los demás, aunque algún caso de los que hemos descubierto no está del todo claro”, explica Óscar Puente, secretario provincial del PSOE en Valladolid.
“Lo que queremos saber es por qué unos sí tienen derecho a las viviendas y otros no –continúa el líder provincial de los socialistas–. Queremos saber ante qué notario, en qué fecha y cómo se decidió la adjudicación a estas personas. Transparencia, concurrencia e igualdad”.
Una distancia
Hay que andar bastante camino para llegar desde la tasca donde charlan Eduardo y Juan Badallo con sus vecinos hasta el nuevo Villa de Prado. Es la distancia que hay desde un barrio de clase trabajadora, construido en plena etapa franquista, al modo de los barrios obreros, a la nueva factura del novedoso y pujante Valladolid capitalino.
Las casas que se han edificado en esta promoción de vivienda protegida corresponden a la calidad de la zona. De hecho, las que se han vendido a los hijos de los notables del PP cuentan, además de con los 98 metros cuadrados construidos (el límite alto para este tipo de vivienda), de trastero y dos plazas de garaje.
Cierto que uno de estos aparcamientos no está sujeto a subvención pública y se cobró a razón de 16.224 euros. Caro si se tiene en cuenta que el precio, subvencionado, de los pisos ha sido de 114.663,66 euros. Precio ciertamente ventajoso si se considera que los pisos, en los edificios vecinos de venta libre, rondan los 300.000 euros.
Para acceder a estas viviendas, de acuerdo con el baremo municipal, los ingresos no debían superar 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente está fijado en 540,90 euros al mes, lo que en este caso supondría unos ingresos mensuales de 2.974 euros al mes (casi medio millón de pesetas).
Se trata de viviendas de precio tasado, figura de menor protección que las del régimen especial, que requieren ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI. Los hijos de estos altos cargos, al menos dos de ellos, han triunfado en sus profesiones.
Ignacio León, hijo del alcalde, es el asesor financiero y jefe de banca privada y personal en Valladolid de Caja Duero (la entidad pública de ahorros de la que su padre es vicepresidente primero).
Por su parte, el hijo del ex delegado del Gobierno de Aznar en Castilla León (también ex consejero de Agricultura de la Junta), Isaías García Monje, es inspector de Hacienda. Se da la circunstancia de que, además, está destinado a más de 2.000 kilómetros de Valladolid, en Tenerife, donde su mujer es profesora de un colegio público.
Otras fuentes aclaran que las adjudicaciones de esta interesante promoción (en la que se logran casas a mitad de precio que los vecinos) se hacen en función de los ingresos computados en 2000. La entrega de las viviendas se ha hecho este año.
“Es un suelo goloso”, explica Óscar Puente. Un terreno que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid adjudicó, por solares, a varias promotoras tras un pacto entre el Ayuntamiento y la Diputación para construir 3.000 viviendas (1.650 de ellas protegidas) en las 70 hectáreas de que se disponía en la zona.
Las promotoras compran el suelo a precio fijado por el Ayuntamiento, y a cambio tienen que vender a precio también tasado bajo una serie de condiciones. Asombrosamente, aunque son inmuebles muy apetecibles, hasta ahora no hay sorteo para lograrlos ni un registro que dé cuenta pública de quién los recibe. Hasta ahora, porque con el escándalo, el alcalde ha asegurado que se hará en el futuro. No con esta promoción.
De esta adjudicación, Zarzuela salió favorecida con 254 viviendas. Ésta constructora no es una desconocida para el Ayuntamiento que preside Javier León de la Riva. Además de la UTE de la construcción del Auditorio, ha recibido otros contratos municipales, como el que ganó también en UTE con Dragados para la conservación de infraestructuras por 17 millones de euros anuales.
“De lo que no cabe duda es de que esta adjudicación de pisos ha sido oscurantista”, dice Puente. Su partido ha acuñado la expresión “VPO para VIPS”.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, Félix Bayón, ha declarado que todo este procedimiento no parece nada claro. Su asociación ha recogido denuncias de vecinos porque las promotoras se reservaban viviendas que extraían de la bolsa común de peticionarios y luego las adjudicaban a quien, cumpliendo los requisitos, estimaban oportuno. No debió ser oportuno dárselo a Jesús Badallo ni a Eduardo Villarrumiel.
La familia de Badallo, padre de tres hijos, vive con 12.000 euros al año. Llevan cuatro pidiendo una casa social. Le dieron una en alquiler: “Era en el peor barrio, había un yonqui pinchándose en el portal y tenía 40 metros cuadrados para cinco que somos”. La subvención, como la risa, debe ir por barrios.
“Si fuera corrupto, mi hijo no tendría VPO”
El jefe de prensa de Javier León de la Riva fue quien personalmente entregó a los medios acreditados ante el Ayuntamiento de Valladolid una carta de Ignacio León, el hijo del alcalde, beneficiado por la adjudicación de una vivienda de protección oficial.
Y esta carta es a la que los servicios de prensa del alcalde remiten a quien pregunta por las dudas sobre tan extraña concesión de una cotizada vivienda, en este caso a las preguntas de interviú. El alcalde declinó hacer declaraciones a este semanario por “problemas de agenda” y remitió toda explicación a la misiva de su hijo Ignacio.
“Si fuera un corrupto, mi hijo no habría necesitado VPO, habría tenido acceso a otras de más alto ‘standing’”, ha declarado el alcalde, que amenaza con querellarse a “quien se pase de la raya” en sus críticas por este asunto. Nada fuera de lo habitual en un político que ha mantenido fuertes enfrentamientos con oposición y vecinos protestones. León hijo asegura que tiene “la conciencia tranquila” y “nada que ocultar”.
“Mi único pecado es ser hijo de alcalde”, señala, y afirma que cumple el requisito de salario inferior a 5,5 veces el mínimo interprofesional. Tanto el consejero Valín como el ex delegado del Gobierno García Monge se abstuvieron de responder las llamadas de esta revista para conocer su versión sobre las adjudicaciones.
