(PD/Agencias).- La Comisión Europea pidió ayer al Gobierno español que facilite el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres para reducir el riesgo de pobreza. El Ejecutivo comunitario alertó de que, pese al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente al 16% de media en la Unión Europea. El gasto social en España en porcentaje del producto interior bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria (27,3%).
En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario constata que en España «el acceso a la primera vivienda propia no es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento». Añade que «los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable y a una vivienda», y que estas dificultades se reproducen también en el caso de los inmigrantes, «especialmente los recién llegados».
Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, Bruselas reclama al Gobierno «promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda pública y de alquiler a largo plazo». También se alude al tema de la vivienda en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario para «reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio plazo».
La Comisión aconseja además a España recortar la elevada tasa de abandono escolar, que se situó en 2005 en el 30,8% para jóvenes entre 18 y 24 años, más del doble de la media comunitaria, ya que considera que así se logrará «romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza». La nueva ley de Educación «se propone abordar esta cuestión», admite Bruselas, pero añade que la consecución de los objetivos previstos «requerirá esfuerzos continuados y globales».
SANIDAD
El informe sobre protección social dedica un apartado a la sanidad, en el que se recoge que el gasto de España en este capítulo se ha mantenido estable en los últimos años en torno al 7,8% del PIB frente al 8,87% de media comunitaria. Aunque la atención es gratuita, Bruselas señala que el gasto privado, especialmente el que se desembolsa en metálico, es alto (23,3% del gasto total en 2004), lo que «puede suponer una carga financiera para los grupos más vulnerables».
También apunta que la descentralización «ha generado diferencias regionales en el contenido de las prestaciones» que el Gobierno trata ahora de resolver estableciendo una cartera de servicios comunes, y que las listas de espera son una de las principales preocupaciones de los pacientes y se deben a que el número de camas hospitalarias es uno de los más bajos de la UE -358 por 100.000 habitantes- y a que se recurre mucho a la asistencia hospitalaria, dado el bajo número de médicos generales.
La recomendación de Bruselas al Gobierno en este caso es «abordar las diferencias regionales en la prestación, reducir las listas de espera y fomentar la prestación de cuidados de larga duración, y mejorar la eficacia, especialmente estimulando el uso y la implantación de la Atención Primaria de Salud y una utilización racional de los servicios, la tecnología y los medicamentos».
RIESGO ENTRE LOS MAYORES
El informe del Ejecutivo comunitario señala que los mayores de 65 años son las personas con mayor riesgo de caer en una situación de pobreza (29%, frente al 19% en la UE). El gasto público en pensiones se incrementará en los próximos años del 8,6% al 15,7% del PIB, muy por encima de la media comunitaria, aunque el riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas es medio gracias al superávit presupuestario, de manera que no se esperan problemas hasta 2020. Bruselas cree que el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales en 2006 «mejorará la futura sostenibilidad y adecuación», aunque «queda por ver si se necesitarán nuevas medidas para alcanzar incrementos suficientes en la tasa de empleo de los trabajadores mayores».
En este sentido, la Comisión apuesta por «facilitar un mayor nivel de participación, especialmente de las mujeres y los trabajadores mayores, en el mercado laboral, lo que contribuiría a asegurar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones».
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
