(PD/Agencias).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado, con el voto en contra del PP, las recomendaciones del informe crítico con el urbanismo español elaborado por dos eurodiputados que visitaron la Comunidad de Madrid, la provincia de Almería y la Comunidad Valenciana.
La delegación del Parlamento Europeo, compuesta por dos diputados, visitó España en marzo y elaboró un informe en el que destacaba que las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico que en los últimos años se han extendido por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles. En sus conclusiones, señalaban a los habitantes y a los compradores de nuevas construcciones como los principales perjudicados.
La visita tenía como fin estudiar quejas, sobre todo, de residentes, españoles o europeos, que han visto expropiadas parte de sus propiedades en virtud de planes urbanísticos o que adquirieron viviendas sin saber que eran ilegales y se enfrentan ahora a amenazas de derribo.
La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud «más arrogante» de sus autoridades y obtuvo «las menores explicaciones» sobre «proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles».
Este informe venía precedido además por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la «especulación urbanística» desenfrenada que vive España.
El texto aprobado este miércoles pide a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que precisen mediante leyes los criterios sobre «utilidad pública» para evitar «abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales».
También reclama a la Comisión Europea que examine las «posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE» a los ciudadanos afectados por la «urbanización extensiva» en España.
En paralelo, cuestiona «los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos» atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios, reclama la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pide la creación de comisiones de arbitraje para dirimir conflictos.
Las recomendaciones, que sólo tienen valor político, no jurídico, fueron aprobadas por 15 votos a favor y 3 en contra —los de los eurodiputados del PP Luis Herrero, Carlos Iturgaiz y Cristina Gutiérrez-Cortines—, tras un tenso debate.
La Comisión Europea, que ha incoado un proceso de infracción porque considera que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) incumple la directiva europea sobre licitaciones, decidirá si denuncia esta legislación ante el Tribunal de la UE el próximo junio, según dijo un representante del Ejecutivo comunitario en el debate.
El popular Carlos Iturgaiz consideró, en cambio, que el texto sólo busca «desgastar al Gobierno del PP de Valencia», criticó que los eurodiputados no visitasen, según dijo, municipios socialistas, y advirtió de que puede afectar al turismo en España.
