La Audiencia de Madrid comenzará a juzgar mañana martes a los seis acusados de estafar presuntamente a 1.889 familias, a través de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), con la que vendían viviendas, que nunca llegaron a construirse, en los nuevos barrios del norte de Madrid.
En el juicio, que se celebrará ante la sección décimo quinta de la Audiencia madrileña, el fiscal solicitará penas que oscilan entre 4 y 16 años de cárcel y que suman un total de 72 años para los acusados, a quienes les imputa delitos continuados de estafa y de falsedad documental en concurso con delitos de estafa intentada.
Por su parte, las acusaciones particulares solicitan penas más elevadas -alguna hasta un total de 132 años de cárcel, 22 para cada acusado- al imputarles también delitos de apropiación indebida.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fisca, a finales de los 90 y principios de la década siguiente los procesados obtuvieron de sus víctimas 37,5 millones de euros a cambio de pisos que construirían en los nuevos PAUs de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas de Madrid. Para ello, los procesados Miguel Ángel M.P., Francisco Javier y Miguel Ángel G.S., siguiendo las directrices del padre de éstos últimos, Francisco G.M., -para quienes el fiscal pide 16 años de cárcel- constituyeron la mercantil CPV en 1998. «Mediante un gran despliegue publicitario» obtuvieron el dinero suficiente para adquirir 15.000 metros cuadrados en Sanchinarro -que darían cabida a unas 40 viviendas-, lo que posibilitó a la CPV entrar en las juntas de compensación de suelo de esos barrios.
El fiscal explica que los clientes suscribían un contrato «de adquisición de vivienda», en los que había una cláusula que estipulaba que el dinero adelantado iría a una «cuenta especial» abierta en un banco «de solvencia reconocida», y otra que contenía el compromiso de un aval, lo que suscribieron con Caja Madrid, aunque se rescindió meses después «por resultarles muy gravosa».
Aval suscrito con la compañía Asefa
No obstante, continúa el escrito, y a «efectos de dar apariencia», el 30 de agosto de 2000, suscribieron un aval con la compañía Asefa, pero no lo renovó, y por eso lo suscribieron otras dos veces con sendas compañías italianas, aunque éstas no podía operar como avalistas, al no estar inscrita en España.»A pesar de ser conscientes de no poder cumplir los compromisos adquiridos», los acusados destinaron una «mínima parte» de los 37,5 millones de euros -poco más de tres millones- a tratar de comprar suelo en la zona o a devolver el dinero, y el resto, «movidos por el propósito de enriquecerse ilícitamente, lo incorporaron a su patrimonio con carácter definitivo, destinándolo a usos propios».
Según la Fiscalía, a finales de 1999, cuando la empresa estaba en quiebra técnica, Francisco G.M., sus hijos y Miguel Ángel M.P. «se concertaron» con la única mujer acusada en el juicio, Adelina E.A., quien se ofreció, a cambio de casi un millón de euros, para conseguir documentos «con los que aparentar» que la CPV tenía terrenos en los PAUs.
Simulan compraventas con sociedades fantasma
Para ello, la mujer contactó con el acusado Alfredo V.G. -el fiscal pide para ambos 4 años de cárcel-, que trató de inscribir en el registro terrenos que no eran suyos, sobre los que incluso ambos simularon compraventas con sociedades fantasma para que la junta reconociera que la CPV tenía «los terrenos en apariencia adquiridos». Añade que los procesados ofrecieron a la constructora CENAVI la venta de 40.000 metros cuadrados, aunque no los compró al comprobar en la junta que ese terreno no era suyos.
En febrero de 2002, la CPV fue denunciada junto a Adelina E.A. y a Alfredo V.G. y se abrió un procedimiento judicial que indicaba que era imposible obtener más terreno en los PAUs al estar ya más del 96 por ciento repartido entre promotores.
Sin embargo, según el fiscal, los directores de la CPV continuaron su actividad comercial hasta que al llegar septiembre de 2001, fecha de entrega de los pisos de la primera fase, y exigir los clientes la devolución de su dinero, los acusados vendieron los terrenos que tenían en la zona y obtuvieron 14,5 millones de euros, aunque «únicamente» devolvieron unos 10,7 millones.
«Ya sin ningún terreno y sin posibilidad de adquirirlo, los procesados siguieron firmando contratos», concluye el fiscal, que detalla individualmente las cantidades supuestamente estafadas a las 1.889 familias, cuyo total asciende a 26,8 millones de euros.
