El juez Santiago Torres, que investiga la presunta trama de tráfico ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, ha levantado hoy parcialmente el secreto del sumario que pesaba sobre las actuaciones del procedimiento, que se destapó a la luz el pasado 14 de noviembre con el desarrollo de la primera fase de la operación. Según informa la Cadena SER, entre los expedientes que investiga el letrado figura el referente al edificio de Seguros Ocaso, en pleno centro de Madrid. AC 93, principal empresa implicada en la trama, falsificó documentos para solicitar una licencia de oficinas para este inmueble.
Siempre según la emisora, el expediente que AC 93, sociedad dedicada a la gestión de licencias, presentó en el Ayuntamiento de Madrid para obtener la licencia de edificio para oficinas figuraba un documento en el que se aseguraba que todas las plantas del inmueble de Seguros Ocaso se habían destinado a esa actividad. Fernando Ruiz Torrejón, funcionario de Gerencia de Urbanismo que fue encarcelado en el marco de la operación Guateque, se percató del fraude. Revisó los antecedentes del edificio y comprobó que una de sus plantas había estado compuesta de viviendas, por lo que exigió a la empresa AC 93, dirigida por ex funcionarios del Ayuntamiento, que le aclarara el asunto.
En sus declaraciones ante el juez Torres, Ruiz Torrejón le explicó lo sucedido con este expediente. Su declaración hizo que el juez ampliara los delitos que se investigan en esta trama de corrupción. A los de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias se ha sumado ya el de falsedad documental. El empresario Santiago Castillo Morales, fue detenido en el marco de esta trama que ahora ve la luz. Según han informado fuentes próximas a la investigación, la decisión del magistrado de levantar el secreto de sumario parcialmente ha sido trasladada esta mañana a los abogados defensores de los nueve imputados, funcionarios del Consistorio y varios empresarios, que cumplen prisión preventiva por participar en la supuesta red de cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias.
Carmen Eulalia Ibáñez, la única en libertad
Se les acusa de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa, de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. En concreto, estos tomos ocupan 4.107 páginas. La medida abre la puerta a la apertura de una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas sobre este escándalo de corrupción, a la que el PP se oponía mientras la instrucción no fuera pública. Siguiendo esta tesis, a finales de noviembre el pleno del Ayuntamiento aprobó su creación una vez que se levantara el secreto de sumario.
De momento, los letrados no han podido hacerse con el sumario, al existir «un problema material» ante el gran volumen de páginas. Las partes del proceso, abogados y la representación legal del Ayuntamiento -que ejerce la acusación particular-, podrán acceder a la mayor parte de los datos recabados hasta ahora en la investigación. Estos meses, el procedimiento se ha centrado en el análisis de los 187 expedientes considerados sospechosos y de la documentación incautada en los 24 registros practicados hasta ahora. Asimismo, parte de la información obtenida por el magistrado proviene de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y en las propias manifestaciones de los imputados ante el juez.
A mediados de diciembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, lo que limitaba el conocimiento de la investigación al propio instructor y al fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado. Por otro lado, el magistrado ha dejado hoy en libertad al empresario Antonio Sanz Escribano, uno de los nueve detenidos en las dos fases de la trama, tras imponerle una fianza de 100.000 euros. Sanz Escribano es administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. Hasta ahora, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, había sido la única que ha abandonado la prisión tras hacer efectiva una fianza de 20.000 euros.
En los próximos días saldrán en libertad alguno de los ocho detenidos que todavía permanecen en prisión. Las últimas detenciones se llevaron a cabo el 27 de diciembre, cuando agentes de la Guardia civil registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administativa. Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Area de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón (de Urbanismo). De la primera fase, cumplen prisión Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, entre otros.
Hasta ahora, el juez ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en dependencias municipales y despachos profesionales. En noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación Guateque con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
