(PD).- Solves frena la operación –se ha hablado de 10.000 millones de euros- que consiste en la creación de una especie de línea de crédito destinada a las compañías con problemas de liquidez, y que en estos momentos no pueden acceder a los mecanismos de financiación convencionales por las restricciones del crédito en el mercado interbancario europeo. Taguas, tradicional valedor del ‘ladrillo’ ante el presidente Zapatero, se ha encontrado, en esta ocasión, con la oposición frontal de Pedro Solbes y de los propios gestores del Instituto de Crédito Oficial, que no encuentran razones para explicar por qué la industria inmobiliaria puede tener una financiación privilegiada y no el resto de sectores productivos.
Las emisiones del ICO cuentan con la máxima solvencia por parte de las agencias de calificación de riesgos (triple A) al estar avaladas por el Reino de España, por lo que cualquier crédito goza de unas condiciones privilegiadas.
Fuentes oficiales aseguraron ayer a El Confidencial que lanzar esa línea de crédito “sería tanto como volver a los tiempos de la banca pública”, lo que explica la oposición de Solbes y del presidente del ICO, Aurelio Martínez, quien ayer admitió que desconocía el contenido de la propuesta. Martínez dejó bien claro que no había que repetir las malas experiencias del pasado, por lo que no había que ser “frívolo” con este asunto.
Financiación privilegiada
No solamente la Comisión Europea podría abrir un expediente a España por ayudas ilegales que atentan contra la competencia, sino que otras empresas privadas en idéntica situación podrían pedir un trato no discriminatorio. El hecho es que el propio presidente del ICO aseguró ayer no saber nada de ella. “Ahora bien, dijo, el ICO depende del Gobierno, y si éste dice lo que hay que hacer, el ICO lo hará”, subrayó.
El lobby del sector inmobiliario, el llamado G-14, es quien está intentando convencer a Moncloa de la necesidad de articular una línea de financiación. Su principal ejecutivo es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid.
Gracias a sus gestiones, el Gobierno ya ha aprobado algunas medidas encaminadas a sacar del atolladero a las promotoras inmobiliarias, con unas deudas agregadas que superan los 293.000 millones de euros. Prácticamente el 29% del PIB de España.
Créditos para VPO
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, aseguró ayer que no tiene noticia de que el Gobierno tenga intención de impulsar una línea de financiación en apoyo del sector de la construcción a través del organismo que dirige.
En rueda de prensa para presentar el indicador de confianza de consumidor del mes de enero, Aurelio Martínez indicó ayer que si el Ejecutivo no ha impulsado hasta ahora medidas directas de crédito y financiación para socorrer a la construcción, tal vez sea porque las mismas ‘tienen problemas de articulación’ y son otras ‘las que tocan’.
Aurelio Martínez, que matizó que él ‘no está dentro del Consejo de Ministros’, que el Gobierno sí ha aprobado medidas indirectas a través de la línea de aval del ICO para apoyo a entidades financieras que inviertan en Vivienda de Protección Oficial (VPO).
Esta línea, que cuenta con un total de 3.000 millones de euros, pone como condición al aval del ICO, para las titulizaciones lanzadas por estas entidades sobre VPO, que el 80% de los fondos generados se reinviertan en la construcción de viviendas de protección oficial.
Aurelio Martínez aseguró que con esa línea, que está siendo ‘muy bien recibida por las entidades’, se podrá financiar el 30% de la VPO construida en España a lo largo de 2008. ‘Esto sí es una medida de apoyo generalizado al sector y las familias’, aseguró Martínez.
