(PD/EP).- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se mostró ayer «en radical desacuerdo» con la posibilidad de que el Estado respalde a las empresas del sector inmobiliario «cuando las cosas le van mal».
Además, respecto a los actuales problemas de la economía, aseguró que «esto no es una catástrofe, es una desaceleración«, por lo que rechazó la necesidad de efectuar cambios significativos en la política económica del Gobierno.
Solbes ofreció una conferencia sobre la situación actual de la economía en la sede de Caja Vital en Vitoria, a la que asistieron numerosas personalidades del ambito financiero, empresarial y político.
Tras repasar las actuaciones del Ejecutivo durante la legislatura y destacar «el margen de maniobra» existente para actuar ante los problemas que puedan surgir en el ámbito económico, el ministro se refirió al debate sobre la posibilidad de que el Ejecutivo apoye a las promotoras a través de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el fin de paliar la ralentización del sector.
«¿Debemos, como algunos piensan, actuar como en los viejos tiempos, con un respaldo del Estado a aquellas empresas que han apostado, yo diría que alguna de una forma más atrevida que otra, por ganar mucho dinero, cuando las cosas van mal?, desde luego, no es mi filosofía»,
aseguró.
El vicepresidente económico se mostró partidario de analizar «cualquier idea sana y sensata en términos económicos» que contribuya a afrontar los problemas que pueda atravesar el sector, aunque advirtió de que «cualquier idea que implique que el Estado deba sustituir al empresario cuando al empresario las cosas le van mal», le resulta «muy difícil de aceptar».
Solbes se mostró «en radical desacuerdo con esas ideas». «No es mi filosofía que el Estado tenga que entrar en un sector como el inmobiliario», insistió.
IMPULSO A LA VPO
Por el contrario, reconoció que el Gobierno sí podría actuar a través de otros procedimientos, como el impulso de la vivienda de protección oficial en el caso de que exista «una demanda clara». Aunque reconoció que se trata de una vía «muy complicada» al implicar a administraciones locales, autonómicas y a la estatal, consideró que podría paliar dos problemas importantes.
Por una parte, contribuiría a mantener una actividad sustancial en la construcción, «que es importante para todos», mientras que también ayudaría a acceder a un piso a aquellas personas que no puede acceder a la vivienda libre. «Ese es el tipo de ideas que yo creo que hay que poner en marcha», agregó.
