(PD/EP).- La federación almeriense de Ecologistas en Acción exigió hoy a los nuevos gobiernos central y autonómico que salgan elegidos tras el próximo 9 de marzo que adopten «medidas definitivas» para llevar a cabo la demolición «total» del hotel construido en el paraje El Algarrobico de Carboneras (Almería).
Así lo reveló a Europa Press la coordinadora provincial del colectivo, Montserrat Severiano, quien, ante el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que procederá al «derribo inmediato» de la parte del hotel que invade los 100 metros de servidumbre marítimo-terrestre si la Audiencia Nacional (AN) desestima el recurso de la promotora contra el deslinde, criticó que la Consejería de Medio Ambiente «ya anunció hace dos años», con motivo de la paralización de las obras, el derribo del inmueble.
Severiano aseguró que los ecologistas no «se conforman» con el «derribo parcial» del edificio, sino que reclaman el «derribo completo» de un hotel que es «ilegal desde el primer momento» y que supone el «mayor símbolo» de la «destrucción del litoral» en España.
La representante de la asociación conservacionista pidió también «responsabilidades» a la Junta de Andalucía y al Gobierno central como instituciones «responsables» de «permitir» la construcción del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y lamentó que, previsiblemente, el hotel no será derruido antes de las elecciones general y autonómicas, tal como reivindicaron los colectivos ecologistas.
Narbona indicó ayer que existe ya una primera sentencia de la AN, a instancias del recurso presentado por el Ayuntamiento de Carboneras contra el deslinde, que confirma que una parte del Algarrobico está situada en la servidumbre de protección conforme con la Ley de Costas, por lo que añadió que una segunda sentencia en este sentido supondría el «derribo inmediato» de las instalaciones ubicadas en el tramo de dominio marítimo-terrestre.
La ministra anunció asimismo que su departamento y la Consejería de Medio Ambiente presentarán el miércoles una oferta conjunta y definitiva a Azata del Sol, promotora del hotel, sobre el justiprecio por la expropiación de los terrenos, que la empresa fija en 300 millones de euros frente a los entre 30 y 40 ofrecidos en un primer momento por el Ministerio.
