(PD).- Los bancos acreedores de Luis Portillo y de Luis Nozaleda, principales accionistas de la inmobiliaria Colonial, han decidido poner freno al descalabro de esta compañía y tomar las riendas una vez que haya fracasado la operación de compra de los fondos de inversión de Dubai (ICD).
Aunque la decisión todavía no sea firme, las entidades bancarias exploran en estos momentos la conveniencia de hacerse con el control de la compañía y cuál es el momento y el modo más adecuado para ejecutarlo.
Se trata de evitar «malvender» la compañía, como pretendía que se hiciera ICD al realizar una propuesta de compra muy inferior al valor de esta empresa. La oferta que finalmente presentó el fondo estatal de Dubai fue de 1,19 euros por cada acción de Colonial, un precio muy inferior al que se manejó en un principio, que fue de 2,15 euros por título.
Ahora, los bancos acreedores de Portillo y Nozaleda quieren desarrollar un proyecto empresarial viable y con el tiempo que sea necesario, aprovechando siempre la gran calidad de los activos de Colonial, posiblemente los mejores del sector inmobiliario español.
Las deudas
Luis Portillo mantiene una deuda contraída con catorce bancos y cajas que suma 1.473,5 millones de euros, mientras que la de Luis Nozaleza supera ligeramente los 457 millones. Entre ambos accionistas controlan casi el 47% de la inmobiliaria.
Además de la deuda contraída por los dos principales accionistas de Colonial, la inmobiliaria debe otros 6.400 millones de euros a Goldman Sachs, EuroHypo, Calyon y Royal Bank of Scotland.
Estos bancos comunicaron el pasado día 23 que respaldaban la línea estratégica de la compañía y su plan de negocio. Al mismo tiempo, la inmobiliaria confirmó en una nota de prensa su intención de vender hasta un 33% de Société Fonciere Lyonnaise (SFL), operación que se había diferido con la oferta de ICD.
En esa misma nota, la empresa afirmaba que esta segunda deuda de 6.400 millones y el calendario de amortizaciones era «perfectamente realizable según las previsiones acordadas». El primer vencimiento de esa deuda es a finales de 2008 por un importe de 195 millones de euros.
Exención de opa de Rayet
El grupo Rayet ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores estar exento de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre Afirma Grupo Inmobiliario amparándose en la legislación vigente.
En su comunicado, Rayet afirma que controla un 40,29% de Afirma.
La actual legislación indica que cuando se supere el 30% del capital de una compañía es obligatorio lanzar una opa sobre el 100% de esa empresa. Sin embargo existen excepciones a las que se ha acogido Rayet para esta exención.
En concreto, «cuando la fusión no tiene como objetivo principal la toma de control sino un objetivo industrial o empresarial», lo que según Rayet ha quedado justificado a través de informes de terceros y de la documentación presentada por Rayet. Además, esta empresa no votó a favor de la fusión en la junta de Afirma.
