(PD).- Ellos se han resistido, porque aman la tierra, pero no les ha servido de nada. La familia Marichalar posee 117 hectáreas a cinco kilómetros de Soria, en una zona conocida como La Colorada. Pero el Ayuntamiento de la capital les ha expropiado el terreno para construir un nuevo polígono industrial, que se llamará Soria II.
El alcalde Carlos Martínez (PSOE) ha explicado que los técnicos municipales han desestimado las alegaciones de la familia Marichalar, basadas en que el yacimiento arqueológico de Numancia está muy próximo al plan urbanístico y que éste es de interés cultural.
Desde hace varios años, los Marichalar mantienen un enfrentamiento, primero con el Ayuntamiento de la ciudad y luego con la Junta de Castilla y León, para intentar conservar estos terrenos.
Toda la familia de Jaime de Marichalar se ha volcado en la defensa de su patrimonio, e incluso su hermano Álvaro, como portavoz del partido que lidera Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia, en Soria, envió a la Junta de Castilla y León la solicitud formal para que la Unesco declarara Patrimonio de la Humanidad al yacimiento de Numancia y así evitar la construcción del polígono.
ALVARO VUELVE A PEDIR QUE NUMANCIA SEA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Álvaro de Marichalar, como portavoz de UPyD en Soria, solicitó en su día y sigue pidiendo, formalmente, a la UNESCO y al Consejo del Patrimonio Histórico de la Subdirección General que el yacimiento arqueológico de Numancia sea declarado bien Patrimonio de la Humanidad.
«Estamos contactando con universidades de prestigio en España y en el resto de Europa, sobre todo en Italia y en Francia», señaló y argumentó que están manteniendo contacto con instituciones «de mucha envergadura» para poder conseguir esa declaración «que es lo más importante para nosotros».
Álvaro de Marichalar también se refirió a la ubicación de la Ciudad del Medio Ambiente en el Soto de Garray. «La llamamos la ciudad del fraude ambiente porque creemos que no es la mejor ubicación el hacer esa gran inversión al lado de Numancia».
Considera que «se va a cargar el entorno» y que es un lugar que debía protegerse desde el punto de vista medioambiental. Dice que hay otras opciones y se pregunta por qué no en el cerro del Vellosillo «que está hecho un desastre».
Denunció también la construcción de un polígono en el entorno de la ciudad celtíbero-romana. «Con el suelo industrial que tiene Valcorba no hay necesidad de más suelo industrial en Soria y esos son datos económicos», consideró.
Dijo que la administración no ha entregado «al pueblo de Soria» ni un solo informe que justifique la necesidad de más suelo industrial.
LA BATALLA DE LA FAMILIA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
La familia Marichalar ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejería de Fomento por la que en octubre pasado se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Soria y se autorizó la construcción de un polígono industrial que afectaría a 117 hectáreas de su propiedad.
A través de un comunicado la familia explica que este recurso se fundamenta en «múltiples y gravísimas irregularidades» en los acuerdos para modificar este PGOU, con el que se autoriza la edificación del polígono industrial Soria II y cuya construcción afectaría a las citadas hectáreas de su finca Garrejo.
La familia añade que la «más grave de estas irregularidades» es la exclusión de la revisión del PGOU de Soria del convenio que se firmó entre al Ayuntamiento de Soria y la empresa pública Gestión Urbanística de Castilla y León (GESTURCAL) suscrito en 2005 para la construcción de este polígono de 117 hectáreas junto a la carretera de Alamajano (Soria).
Denuncia que esta modificación «no justifica que 117 hectáreas de suelo rústico, con innegables valores paisajísticos culturales y ambientales se reclasifiquen como urbanizables para una demanda industrial». En este sentido la familia Marichalar niega que exista demanda industrial, ya que está «perfectamente cubierta» con el polígono de Valcorba, que se está construyendo en la provincia.
Además critica que no se haya emitido por parte de la Junta el informe de sostenibilidad ambiental exigido por la ley para una «destrucción de más de un millón de metros de cubierta vegetal que desprecian todas la áreas naturales y patrimonio natural colindante». «Si se hubiese efectuado este informe de sostenibilidad ambiental sobre el suelo elegido para la de este polígono se hubiese descartado totalmente este proyecto», añade la familia Marichar.
Otro de los argumentos en que se fundamenta el recurso es el de que el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero adjuntado en el proyecto «no se pronuncia sobre la existencia o no de recursos hídricos suficientes para abastecer de agua al polígono».
