(PD).- Ha sido celebrarse las elecciones generales del pasado 9 de marzo y no hay semana que no tengamos conocimiento de un par de inmobiliarias o promotoras de vivienda de tamaño medio que no hayan presentado ante el juzgado correspondiente un concurso de acreedores, procedimiento que sustituyó a la antigua suspensión de pagos.
En este mes de marzo que acaba hoy, diez firmas del sector, de tamaño medio, han venido a engrosar una larga lista de damnificadas que ha crecido por días en los seis últimos meses por la crisis inmobiliaria en España.
«Para estas firmas que están negociando con las entidades financieras acreedoras la refinanciación de su deuda se abren las puertas a futuros expedientes de regulación de empleo con el objetivo de evitar presentar un concurso de acreedores, como ha sido el caso de Habitat, lo que a su vez ocasionará destrucción de empleo en toda la cadena de subcontratistas», explica Juan Ignacio Sanz, profesor de Esade.
No obstante, y en honor a la verdad, otras muchas empresas del sector no tendrán que pasar por una suspensión de pagos, «ya que, ante la caída de las ventas, dejaron de iniciar promociones y redujeron su actividad, lo que desembocó en pérdidas de empleo.
Algo que se viene notando, sobre todo, desde septiembre, con los primeros efectos patentes de la crisis de las «subprime».
