A medida que la desaceleración del sector residencial sigue su curso, y la bolsa de viviendas en stock continúa creciendo (unas 400.000 según la patronal madrileña Asprima), se hacen sentir con mayor fuerza las voces que solicitan una intervención pública para relanzar el negocio inmobiliario. Entre las más manifiestas, las de los promotores inmobiliarios, que ven cómo sigue decreciendo el ritmo de ventas y sus empresas afrontan graves problemas para pagar las deudas contraídas con proveedores y entidades financieras.
Una solución que se baraja entre los medios especializados es la salida al mercado de alquiler de las viviendas que los promotores inmobiliarios tienen en stock debido al embolsamiento de la oferta. En ese sentido, la Sociedad Pública de Alquiler estaría ultimando un plan de promoción para que una parte de estas viviendas que no se venden sean puestas en alquiler bajo la gestión de la entidad pública.
La fórmula sería un contrato de alquiler a cinco años por el que el promotor se aseguraría el cobro del alquiler acordado incluso aunque el arrendatario decida abandonar el inmueble antes del plazo. Este plan no sólo afectaría a las pequeñas empresas del sector. Incluso las grandes compañías que forman parte del G 14 estarían dispuestas a firmar un acuerdo de este tipo.
