Los promotores estudian una categoría intermedia de vivienda, entre VPO y libre

(PD/EP).- La patronal de los promotores y constructores de España (APCE) pretende dar salida a su ‘stock’ de inmuebles sin vender, adaptándolo a una nueva categoría de vivienda con un coste superior al de la vivienda protegida (VPO), pero inferior al precio de venta inicialmente previsto para estas promociones.

Concretamente, el promotor tendría que «sacrificar» parte del precio de venta previsto, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda, y dar salida así al ‘stock’, pero con precios superiores a los de la VPO para no perder excesivas cotas de rentabilidad.

Así lo asegura el secretario general de la APCE, Manuel Martí, en una entrevista publicada en el último número de la revista de la organización, que dará a conocer el paquete de medidas que ha propuesto al Gobierno para reactivar la actividad en el sector de la construcción.

Gran parte de estas medidas irán orientadas a dar salida al ‘stock’ de viviendas en manos de los promotores que esperan un comprador. Este paso necesario está frenando la ejecución de nuevas promociones hasta el punto de que Martí duda de que, «este año, el número de viviendas nuevas que se inicien se acerque a las 200.000», lo que supondría alrededor de medio millón menos que el pasado año.

También medidas fiscales en favor de la demanda

En este sentido, los promotores despliegan un abanico de posibles medidas a aplicar, entre las que destacan las de corte fiscal. En primer lugar, piden una actualización del la cuantía máxima de desgravación por la compra de vivienda habitual, actualmente de 9.000 euros.

«Esta cantidad hay que revisarla, al menos, en función del incremento del IPC», señalan para solicitar a renglón seguido una «necesaria bajada de las rentención del IRPF para que los hogares puedan tener más recursos disponibles».

Otras de las medidas propuestas tienen que ver con «problemas endémicos del sector». Así, aseguran que es imprescindible «agilizar los plazos de transformación de suelo» y, para ello, «flexibilizar los planes de urbanismo para permitir adaptar la densidad de viviendas a la demanda». Más concretamente, en el punto de mira de los promotores está la Ley de Suelo, aprobada el pasado año, que, en su opinión, requiere de un desarrollo reglamentario para «matizar los efectos producidos en la financiación del suelo».

«A corto y medio plazo, con la implantación de medidas sensatas, confiamos en que el sector recupere un nivel de actividad razonable, fruto de la recuperación de la compra extranjera de segunda residencia, del dinamismo en la formación de hogares y de la salida al mercado de una demanda que en los últimos meses ha estado contenida», concluyen.

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