(PD).- El vicepresidente económico, Pedro Solbes, acaba de firmar con las entidades financieras, notarios y registradores el acuerdo que permitirá ampliar, sin coste alguno, el plazo para pagar una hipoteca. Esta ampliación podrá solicitarse a partir de pasado mañana y hasta 2010.
Dicha posibilidad se ofrece por el acuerdo suscrito hoy entre los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con representantes del sector financiero, notarios y registradores.
Esta medida, que según recordó Solbes en este acto se incluye en el conjunto de actuaciones aprobadas por el Gobierno para el impulso de la actividad económica, estará vigente hasta el 22 de abril de 2010.
Quienes deseen ampliar el plazo de su hipoteca podrán dirigirse a su entidad de crédito para llegar a un acuerdo sobre la ampliación, y en dicho caso, no tendrán que pagar la comisión por alargar el plazo del préstamo y quedarán exentos de gastos notariales, así como del gravamen por actos jurídicos documentados.
La medida supondrá, en general, una cuota menor, aunque tendrán que pagar su préstamo durante más años, intereses incluidos. No obstante, según se subraya en el texto del acuerdo, si en el futuro el hipotecado mejorase su situación financiera y quisiera reducir el plazo o cancelar su préstamo, debería pagar todos los gastos que la nueva operación conlleve. Economía recuerda que si el interesado quiere cambiar, junto a la ampliación del plazo, alguna otra condición de su préstamo hipotecario, no podrá beneficiarse de la gratuidad de los costes.
Una guía para facilitar los trámites
Los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia pondrán a disposición de los ciudadanos una guía en la que se explican los pasos a seguir para lograr la ampliación gratuita del plazo del préstamo, que ya está disponible en las páginas web de ambos departamentos.
La guía informa de los diez pasos que el titular de un préstamo de vivienda tiene que dar para conseguir la ampliación, entre los cuales está el de hablar con su entidad de crédito, la cual debe aceptar la solicitud. En este sentido, el texto del acuerdo entre Gobierno, entidades financieras, notarios y registradores habla de «promover» -y no de obligar- entre los bancos y cajas la gratuidad de la medida. Además, para asegurar la efectividad del compromiso, el acuerdo incluye la posibilidad de que el Ministerio de Justicia dicte o impulse la aprobación de normas jurídicas específicas.
Dicha guía se puede consultar en las páginas de los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia.
