(PD).- La hija del presidente del Senado y directora del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Patricia Rojo, tendrá que pasar por Comisaría para prestar declaración sobre la trama de corrupción que servía, entre otras cosas, para financiar a los partidos de la coalición de gobierno, encabezada por el PSOE.
Será esta misma semana cuando tendrá que aclarar algunos puntos ante la Policía y todo indica que se ha buscado una «salida suave» para Patricia, a la que se convertirá en «testigo protegido» para evitar que acabe entre rejas.
Patricia Rojo fue la gerente de Urbanismo propuesta por los socialistas al inicio de la anterior legislatura, cuando funcionó una gerencia mancomunada en este área con gerentes de los tres partidos que gobernaban conjuntamente entonces: el PSOE, el Partido de Estepona (PES) e IU.
Uno de ellos, el representante del PES, Pedro López, está ahora en libertad bajo fianza de 300.000 euros e imputado por cohecho y malversación. La Policía también ha citado al actual gerente municipal de Urbanismo, Juan Manuel Ramos.
Hay que recordar las buenas relaciones que mantenía el ya ex alcalde Estepona Antonio Barrientos con personalidades tan destacadas del PSOE como el presidente del Congreso, José Bono -fue invitado a su toma de posesión-, y el del Senado, Javier Rojo.
El ahora encarcelado presumía de tener mucha amistad con ambos, pero según algunas fuentes tenía además buenos contactos en la Junta de Andalucía.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que el escándalo de Estepona va a deparar aún más sorpresas. En el PSOE el nerviosismo es extremo. Precisamente, mientras el escándalo de financiación irregular salpica de lleno al PSOE, la Junta de Andalucía se dedicaba ayer atacar al PP, al que acusó de «doble moral» en su actitud frente a este tipo de casos.
Por su parte, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, afirmó que «cada día es más evidente la responsabilidad de la Junta» en la trama de corrupción, y no descartó solicitar la disolución del Ayuntamiento y la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz.
Mientras, de los seis miembros socialistas de la Corporación implicados sólo el ex alcalde ha renunciado a su cargo, a su acta de concejal y además se ha dado de baja como militante del PSOE. Los otros cinco, sin embargo, no han abandonado sus responsabilidades, si bien, como informó ayer ABC, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, ha puesto su acta a disposición de sus jefes de filas.
Los socialistas andaluces anunciaron por su parte que el resto de ediles implicados han sido expulsados provisionalmente del partido, lo mismo que los otros militantes salpicados por el escándalo. En el caso de las tres concejalas implicadas -Asunción López, Mariví López y Marisa Rodríguez, de Cultura, Educación y Playas, respectivamente- la justificación para no abandonar el Ayuntamiento es que ahora su prioridad es reunir la fianza.
Se escudan, además, en que han «presentado nuestra baja temporal de militancia; respetando el código deontológico del partido».
