(PD).- Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, ha denunciado en Soria la «manipulación administrativa» que, a su juicio, sufre en estos momentos su familia y que ha supuesto la expropiación de los terrenos que poseían en el paraje conocido como ‘El Cabezo’ (Soria) para la construcción del polígono industrial ‘Soria II’, e incluso, afirmó, los medios de comunicación nacionales respaldan su postura «al hablar ya de un claro caso de corrupción».
DeMarichalar, cabeza de lista por la provincia de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), instó de nuevo a la paralización del proyecto y exigió un debate público en torno a este polígono de cuya ejecución se encargará la Junta de Castilla y León a través de la empresa pública Gesturcal.
El conde Ripalda, en nombre de su familia, reiteró la denuncia en contra del proceso expropiatorio para la construcción del polígono que se situará junto a la carretera de Almajano, a escasos kilómetros de la capital y manifestó su «disgusto» ante lo que considera un «abuso en todos los sentidos» contra su familia».
Amalio de Marichalar arremetió contra el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León, ya que, según explicó, él mismo ha instado al alcalde de la capital soriana, Carlos Martínez, y a responsables del Gobierno regional a mantener un debate en torno a esta cuestión, pero, «lo único que he obtenido ha sido la callada por respuesta».
El representante de la familia Marichalar argumentó varias razones para sostener sus afirmaciones, entre ellas, que el Consistorio soriano no ha contestado al recurso presentado por su persona en el que solicitaba la suspensión del procedimiento de expropiación, que, ante esta falta de respuesta, quedaría automáticamente suspendido, según el artículo 111.2 L 30/1992.
MODIFICACION DEL PGOU
Además, en su opinión, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la construcción del polígono no está motivada porque, «no se ha acreditado en absoluto la existencia de demanda que exija este nuevo polígono ni el emplazamiento elegido».
Por su parte, el abogado de la familia, José Joaquín Díaz de Aguilar, apuntó a una supuesta vulneración de la normativa del Patrimonio Municipal de Suelo de Soria, así como de la normativa de contratos públicos, ya que el convenio urbanístico con GESTURCAL «es en realidad un contrato de obra pública sometido a la legislación de contratos públicos».
Otras de las razones esgrimidas por Díaz de Aguilar pasan por la denuncia de que la expropiación afecta a bienes de dominio público que han de desafectarse previamente , «hecho que no se ha producido», así como por los perjuicios que el polígono ocasionará sobre el medio ambiente y el patrimonio histórico de la zona.
Finalmente, Amalio de Marichalar aseguró que su familia «no quiere dinero», sino recuperar la propiedad sobre unos terrenos que, desde su punto de vista, les pertenecen de forma legítima, y, por tanto, «que las instituciones nos den la razón ante la sociedad», según sus propias palabras.
