(PD).- Los clientes de Martinsa-Fadesa están encontrando dificultades a la hora de recuperar las cantidades que adelantaron en la compra de una vivienda, una vez que han rescindido los contratos de compraventa por causas justificadas, antes incluso de que la inmobiliaria se declarara en concurso voluntario de acreedores.
Así quedó de manifiesto en la reunión con clientes y acreedores de la compañía que hoy celebró Iure Abogados, despacho especializado en Derecho Concursal.
Se trata de clientes que resolvieron el contrato de compraventa de una vivienda por acontecer alguno de los supuestos de incumplimiento y que, una vez reclamado el aval entregado por la inmobiliaria por las cantidades que el comprador adelantó, se encuentran con que aseguradoras y entidades financieras eluden pagar los importes. Además, la firma de abogados apuntó que existen casos en los que la inmobiliaria no avaló los adelantos de los compradores.
Por todo ello, Iure aconseja a los clientes de la inmobiliaria, principalmente a los que se topan con estos problemas, que se sumen a la lista de acreedores del concurso en calidad de acreedor contingente (aquel que puede llegar a serlo), antes de que el próximo 1 de octubre concluya el plazo otorgado por el juzgado.
Por otra parte, Iure anunció que pedirá al juez concursal que rescinda el último acuerdo de refinanciación de deuda entre Martinsa y sus bancos, el firmado el pasado mes de mayo por 4.000 millones de euros, el grueso del endeudamiento de 5.200 millones que la empresa reconoció en el momento de presentar el concurso.
Los bancos,»a la cola».
Con esta iniciativa, contemplada en la Ley Concursal, persigue garantizar el cobro de los acreedores comerciales y ordinarios (aquellos que no son entidades financieras), que la empresa pueda contar con mayor oxígeno para mantener su actividad, tal como es su deseo, y, en última instancia, tratar de que los bancos se coloquen «a la cola de la lista de acreedores».
En este sentido, la firma explicó que los bancos serían los últimos en cobrar en caso de que se demuestre que obraron de mala fe (conocer la situación en que se encontraba la empresa a la hora de firmar el crédito y exigir más garantías). En ese supuesto, sus deudas pasarían a ser calificadas de «subordinadas», las últimas que se cobran.
En cuanto al resto de proveedores, según Iure, con la rescisión del contrato de refinanciación quedaría liberado el patrimonio que la empresa aportó como garantía de dichos créditos y se evitaría la posibilidad de que dicha garantía se ejecute y, por consiguiente, los riesgos en la perspectiva de cobro de los acreedores.
Según la firma, Martinsa cuenta con «solvencia patrimonial», dado que su patrimonio (valorado en unos 10.800 millones de euros) supera con creces su deuda. Pero, tal como la propia inmobiliaria reconoce en la solicitud del concurso, «son muy numerosos e importantes por valoración» los activos comprometidos en garantías adicionales de financiación.
Según el despacho de abogados, el proceso medio de un concurso de acreedores suele extenderse entre tres y cinco años, si bien advirtió que en el caso de Martinsa «puede estar más cerca de los cinco».
