Los caraduras del sonrojante expolio de Marbella

(PD).- El expolio que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Marbella entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006 (fecha en que tomó posesión la Comisión Gestora, tras la disolución del Consistorio por las numerosas y cuantiosas irregularidades cometidas), es apabullante.

Cuenta Mariano Calleja en ABC que el presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Manuel Núñez, ha presentado esta semana en la Comisión Mixta Congreso-Senado el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus Sociedades Mercantiles Participadas, donde se recoge una lista con las irregularidades detectadas en la contratación de obras y suministros entre los ejercicios 2002 y 2006, en los que se sucedieron en la Alcaldía Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. No hay irregularidad imaginable que no se encuentre en esa relación.

«Es un caso récord», resumió Núñez.

El TC ha detectado un desequilibrio financiero conjunto en el consistorio marbellí de, al menos, 335 millones de euros, lo que representa algo más del 181 por ciento del presupuesto inicial y una deuda por habitante de 2.669 euros.

Farolas que se pagaron, pero nunca se pusieron; barandilla del Paseo Marítimo por 388.000 euros que nunca se ejecutó; obras en la Capilla Virgen del Carmen que no existieron; trabajo de asfaltado que no se realizó; un alumbrado «fantasma» del Parque del Calvario (136.779 euros); facturas no justificadas en la remodelación del estadio de Las Chapas (2,6 millones de euros); alquiler de vallas que no existió (10.340 euros)… La lista de irregularidades es interminable.

El Tribunal, que por primera vez ha podido disponer de toda la documentación acreditativa de las obras y suministros disponible en los archivos municipales y ha podido hacer un análisis en profundidad, ha denunciado: la realización de obras sin la existencia de proyectos técnicos que incluyesen memorias, pliegos de condiciones técnicos y presupuestos; la existencia de presupuestos de obras no amparados en proyectos técnicos; la adopción de acuerdos en la Comisión de Gobierno para la aprobación de proyectos inexistentes; la realización de obras sin la previa autorización del gasto y la inexistencia de expedientes de contratación administrativa.

La lista de irregularidades no acaba ahí: hubo designación directa de empresas constructoras sin ningún procedimiento objetivo de selección. En ocasiones, los objetos sociales no tenían relación con las obras que encargaba el Ayuntamiento. Además, se designaba a la misma empresa para la ejecución de actuaciones de muy distintas características (alumbrado, asfaltado, instalaciones deportivas, etcétera). También se admitían gastos por cuantía superior a los presupuestos aprobados.

Facturas sin control
Pero en el «agujero» de Marbella fue especialmente sangrante el apartado de las facturas, aceptadas sin ningún control. El TC denuncia que se asumieron facturas tras haber transcurrido dos o tres años desde su emisión.

Incluso hay cargos de la misma fecha y por idénticos conceptos con precios distintos. Se facturaron obras y suministros de materiales sin que se concretaran el lugar o destino, y se produjeron cargos por unidades de obra o de suministros no ejecutados.

Así, en el catálogo de irregularidades se incluye la facturación de unidades por volumen superior a lo realmente ejecutado, o bien a precios abusivos, e incluso eludiendo la intervención de los técnicos competentes. En determinadas obras se firmaron las facturas por personas no competentes.

En total, el Ayuntamiento no justificó adecuadamente operaciones por 21,8 millones de euros. Pero el catálogo de irregularidades no acaba ahí.

Durante el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento mantuvo relaciones con 125 asesores y consultores que originaron un gasto de 14,8 millones de euros. Ninguna consultoría fue contratada conforme a la ley.

En cuanto a los convenios con particulares, el TC ha detectado que las irregularidades y anomalías hicieron que el Ayuntamiento no percibiera al menos 7,34 millones de euros por incrementos de edificabilidad en determinadas fincas, y se produjeron perjuicios a los intereses públicos, por enajenaciones a precios inferiores a los de mercado, en al menos 58,8 millones de euros.

Además, algunas transmisiones posteriores han puesto de manifiesto importantes plusvalías a favor de los terceros que formalizaron convenios con el Ayuntamiento. Se han advertido plusvalías que van desde el 123 por ciento en el mismo día de la enajenación del Ayuntamiento hasta el 360 por ciento generada en 16 meses.

Altas retribuciones
El TC recoge también un análisis de las retribuciones de determinados trabajadores, muy superiores a las previstas en los convenios colectivos. El gerente de Planeamiento 2000 SL tuvo unas retribuciones, en el periodo analizado, de 526.350,23 euros.

En 2003, por ejemplo, se abonó a sí mismo 46.231,71 euros en concepto de «gratificación por Plan Especial», que no figura aprobada por ningún órgano colegiado de la sociedad.

El coordinador económico de las Sociedades Municipales estuvo contratado simultáneamente por tres sociedades municipales que, en conjunto, determinaban una dedicación de trabajo de 14 horas diarias. El total de retribuciones de 2002 a abril de 2006 fue de 837.149,57 euros.

VÍA ABC

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