(PD).- Los cuatro consorcios que participan al concurso público para la construcción del primer tramo luso del Ave Lisboa-Madrid tienen todos ellos una importante participación española.
Así, al margen de quien salga vencedor, tras el estudio de las propuestas desveladas el pasado viernes, la presencia española en las obras, en el mantenimiento y en la explotación del Ave luso ya esta garantizada. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los concursos abiertos para la construcción y la concesión de más de una decena de nuevas infraestructuras por carretera.
Aunque tenga la economía por los suelos, y sobre todo pese a la crisis de liquidez financiera mundial, que afecta a los bancos y hace que haya muy poco dinero disponible para financiar infraestructuras de muy dudosa rentabilidad, el gobierno socialista luso está muy decidido a mantener el ritmo y el calendario de las grandes obras públicas del régimen. En el caso del TGV Madrid-Lisboa, cuya puesta en servicio esta prevista para 2013, el primer tramo luso de 176 kilómetros (Poceirão-Caia), tendrá un coste mínimo de 1.324 millones de euros.
El consorcio Elos, liderado por los grupos lusos Brisa (concesiones) y Soares da Costa (construcción), cada uno de ellos con un 15%, por delante de Iridium (Grupo ACS) que tiene un 14%, fue el que presentó la propuesta mas baja, los mencionados 1.324 millones de euros, mientras que la mas elevada, de 1.759 millones de euros, fue presentada por Eurolineas, liderado por FCC y el grupo galo Eiffage. Alta Vista (Mota Engil, Vinci y Somague-Sacyr) y el consorcio de Cintra (Ferrovial) ofertan respectivamente 1.334 y 1.489 millones de euros.
Con una ponderación del 50%, el precio será el factor más importante para la adjudicación de la obra y de la concesión, mientras los aspectos técnicos y los relacionados con los riesgos financieros del proyecto tendrán una valoración respectivamente del 30% y del 20%. Los sobres abiertos el viernes contenían también la inversión anual destinada a la mantenimiento de la infraestructura del AVE, situándose entre los 9,1 y los 16,7 millones de euros, con cargo al RAVE, la empresa publica gestionaría de la rede ferroviaria de alta velocidad lusa.
Según los expertos, es aún muy pronto para hablar de «favoritos». Pero tras la presentación de las propuestas de los cuatro consorcios no caben grandes sorpresas: el concurso fue concebido a la medida de los grupos lusos, que contaron con la participación de socios internacionales, como los galos Eiffage y Vinci, que tienen una participación relevante en dos consorcios, mientras los españoles ACS (Dragados, Irinium), Cintra (Ferrovial), Somague (100% Sacyr) y FCC (con su filial lusa Ramallho Rosa) figuran en todas las propuestas.
Según el administrador del RAVE, Carlos Fernandes, la crisis financiera mundial no tuvo ningún impacto en el concurso: antes de la crisis, el RAVE había fijado un valor medio de referencia de 1.450 millones de euros, un 15% inferior a las primeras estimaciones realizadas en julio del 2007. El RAVE tendrá ahora 3 meses para seleccionar las dos mejores ofertas, de cara una negociación directa. La adjudicación de la infraestructura esta prevista para el primer trimestre de 2009.
La participación pública representará el 53% del coste de la obra, que ya tiene garantizados 649 millones de euros provenientes de los fondos comunitarios y 137 millones que saldrán de las arcas del Estado. Así, el futuro concesionario solo avanzará el 47% de la inversión prevista y tendrá 40 años (el plazo de la concesión) para recuperar su dinero. «Fue por este modelo de financiación, con participación pública mayoritaria, que el concurso del primer tramo luso del AVE Lisboa-Madrid no se vio afectado por la crisis financiera», dicen los expertos.
No ocurre lo mismo con los concursos lanzados por Estradas de Portugal (EP), para la construcción de 14 autopistas, que representarán unos 20.000 millones de euros, con cargo a las concesionarias, las cuales tendrán un plazo de 30 años para recuperar y rentabilizar la inversión. Según los analistas, los bancos tendrán dificultades para financiar este tipo de inversión, por falta de liquidez y igualmente por el riesgo que conlleva, puesto que los compromisos financieros de EP «no están suficientemente garantizados por el Estado».
Ya adjudicataria de la construcción del Túnel do Marão (30 kilómetros de largo y 350 millones de euros de inversión), Somague ha dado la señal de alarma, al solicitar un «aplazamiento» de la fase final de los concursos abiertos para la construcción y explotación de las autopistas Baixo Alentejo (244 kilómetros, 270 millones de euros) y Baixo Tejo (120 kilómetros, 120 millones de euros), para las cuales fue seleccionada. La razón es muy sencilla: la crisis financiera mundial está dificultando el «montaje» de las inversiones programadas.
Según los expertos, la transformación de Estradas de Portugal en sociedad anónima de capital publico constituye un obstáculo adicional, puesto que los compromisos financieros a largo plazo, relacionados con los nuevos concursos abiertos, representan más de 6.000 millones de euros. De ahí que el gobierno haya tenido que garantizar, a través una carta firmada por los ministros de las Finanzas y Obras Públicas, que no tiene intención de privatizar EP y que hará todo lo necesario para que la empresa respecte sus compromisos financieros.
«Está muy bien que en las circunstancias actuales el gobierno intente trasmitir mensajes de confianza al país, pero ante la gravedad de la crisis financiera, el bueno sentido común exigiría el aplazamiento de los concursos de grandes obras publicas, por lo menos hasta que lleguen mejores tiempos, como ya ocurrió en el pasado, cuando se aplazaran privatizaciones, por la mala racha de la bolsa», dicen los analistas. Pero el ministro de Obras Públicas, Mario Lino, ya contestó: «No hay que hipotecar ni parar el futuro del país».
Así, según el semanario Expresso, el gobierno ya tuvo que intervenir junto a la Caixa Geral de Depósitos (CGD), controlada por el Estado, para que aporte su apoyo a los consorcios que participan a los concursos de obras publicas. La CGD tendría pues que suplir a los bancos privados con problemas de liquidez y muchas dudas sobre la viabilidad financiera de las grandes obras programadas (AVE, autopistas, aeropuerto internacional, puente sobre el Tajo, una decena de presas hidroeléctricas), con un coste previsto de 40.000 millones de euros.