(PD).- Los ayuntamientos, que han sido uno de los más beneficiados de la ya casi olvidada burbuja inmobiliaria, no pueden vivir sin los ingresos que las licencias y pagos de los promotores inmobiliarios les han supuesto hasta ahora.Por lo que se estan partiendo los cuernos para encontrar fórmulas que les permitan seguir recogiendo los huevos de esa denostada gallina de oro.
Se les rompió el ladrillo de tanto usarlo, dice J.M.Lamet en Expansión y explica que la última tentativa del poder local puede desembocar en un nuevo aluvión de litigios entre ambas partes. Los ayuntamientos se han lanzado a la revisión al alza de los presupuestos de ejecución de obras de los promotores, para, así, exigirles un bocado mayor de impuestos.
Al incrementar el peritaje de los costes, arguyendo que no se ajustan a la realidad urbanística de la obra en cuestión, los consistorios podrían girar nuevas liquidaciones complementarias del Impuesto de construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de las tasas por expedición de licencias urbanísticas o prestación de servicios, tributos imprescindibles para la edificación.
«Muchos ayuntamientos ni siquiera sabían que podían reabrir el presupuesto de ejecución de obras de los promotores para revisarlos al alza».
En la otra esquina de la contienda, los constructores tienen dos opciones. La primera es apechugar y plegarse al nuevo pago fiscal, para evitar contratiempos de peores consecuencias. En una época en la que la falta de liquidez y la dificultad para vender pisos apremian, ésta puede convertirse en la única opción para las inmobiliarias.
