(PD).- Los pisos bajos y los locales comerciales no podrán eludir, a partir de ahora, el pago del coste de la instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios. Así lo acaba de dictar el Tribunal Supremo tras resolver un conflicto vecinal en la localidad vizcaína de Ermua.
En su sentencia, los magistrados concluyen que todos los dueños deben contribuir a los gastos según su cuota de participación. «Sin exclusiones». Los jueces han aprovechado el caso para sentar jurisprudencia, dado que en los últimos años se han producido resoluciones «contradictorias» en multitud de juzgados de Primera Instancia, así como en varias audiencias provinciales de toda España.
Gracias al fallo, al que ha tenido acceso este diario, ya no habrá interpretaciones dispares de la Ley de Propiedad Horizontal, que estipula que basta con que haya un discapacitado o una persona mayor de 70 años en el edificio para que la colocación del elevador se apruebe con sólo mayoría simple.
La decisión del Supremo es de una importancia «capital», según explica Guillermo Treku, el abogado que ha llevado el caso de Ermua y que es, además, asesor jurídico de la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia (Fekoor).
Hasta ahora, para facilitar los trámites de instalación, en muchos edificios se liberaba a los negocios y bajos de soportar el coste de esta mejora, que era asumida de forma proporcional -en función de la altura- por el resto de inquilinos.
El conflicto que ha servido para unificar la doctrinal jurisprudencial se remonta a marzo de 2001. Un propietario de un bajo ubicado en el número 12 de la calle Goenkale de Ermua decidió impugnar ante los tribunales el acuerdo de la comunidad de vecinos que le obligaba a sufragar la instalación de dos elevadores. El edificio cuenta con cinco plantas.
