(PD).- Le están dando más de un dolor de cabeza. Pepiño Blanco no dice nada, pero seguro que este sábado -al ver a los vecinos manifestándose anrte Zapàtero- maldijo por dentro el día que se ocurrió comparse un ático de lujo en Villa-PSOE, la urbanización de lujo construida en la Isla de Areno, vulnerando Ley de Costas y hasta el sentido común.
En la ciudad de Pontevedra y delante del edificio cultural donde el presdiente Zapatero clausuraba este sábado el congreso de los socialistas gallegos, cientos de manifestantes con pancartas exigían responsabilidades al Gobierno socialista, que ponga fin de una vez con el escándalo que se produce día tras día en nuestras costas de manera arbitraria, afectando a miles de personas humildes que se ven abocadas a quedarse sin la propiedad de las casas en las que viven y han vivido durante años sus antepasados.
Las pancartas han sido llamativas. En una de ellas, los vecinos recordaban al presidente, a José Blanco y a todos los que han adquirido residencias de veraneo en la urbanización ilegal, que ellos han heredado sus casas de sus padres y que la nueva carretera dejará sin ellas a muchos de ellos.
Exigían el mismo trato, con pancartas significativas, que se les da a las DACHAS del escándanlo conocido como VILLA PSOE, que permite obrar en zonas en las que no se podía levantar ni un solo ladrillo favoreciendo a una clase determinada: a la política, llegando incluso a tirar casas en la Isla de Arosa para realizar una carretera directa a los garajes que alojan a los políticos y autoridades beneficiadas, entre ellas el Ministro de Fomento Don José Blanco.
VILLA PSOE saltó al conocimiento de la opinión pública a través de un informe y de la actuación de miembros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil “SUGC” y de su Vicepresidente Don Raimundo Piñeiro, el cual denunció en repetidas ocasiones al Ministro de Fomento, por amenazas y coacciones en un acto público.
Este sindicato de Guardias Civiles presentó por primera vez en la historia de España la recusación del Fiscal General del Estado manifestando que tenía intereses directos en VILLA PSOE, escándalo denominado con este nombre debido a que la élite de este partido se sospecha hayan adquirido plaza en este monumental edificio a treinta pasos de la playa, un lujo con contrasta con la manifestación de Pontevedra por los afectados de derribos de sus viviendas.
LOS VECINOS MOVILIZADOS
«Los ciudadanos no se amedrentan fácilmente». Desde hace bastantes meses, cientos de ciudadanos, encabezados por la Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines) se manifiestan contra la construcción de Villa PSOE, un bloque de apartamentos de lujo entre cuyos futuros inquilinos figura José Blanco y otros destacados dirigentes socialistas.
Ello a pesar de las «intensas» presiones recibidas por parte del alcalde de la localidad, José Manuel Vázquez (PSdeG), quien ha llegado a demandar a esta asociación por un delito contra el honor.
El ático del secretario de Organización del PSOE es uno de los mejores inmuebles de la polémica promoción Residencial Illa de Arousa, un bloque de apartamentos erigido a escasos 20 metros del mar, lo que, según Cafines, vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley Gallega del Litoral.
Resulta paradójico que las casas contiguas, con décadas de antigüedad, estén amenazadas por la misma Ley que parece no afectar a Villa PSOE.
“La demanda no nos preocupa para nada. Es más, nos da pie para empezar a pedir pruebas. No olvidemos que Feijóo -candidato popular a la Xunta de Galicia- ha declarado que el Fiscal General de Estado (Cándido Conde-Pumpido) tiene aquí un apartamento”, afirma José Carlos Piñeiro, un abogado que representa a Cafines.
El escándalo de Villa PSOE, «un inmueble totalmente legal», según declaró a este diario un portavoz de Blanco, ha irrumpido de lleno en la campaña electoral gallega para los comicios autonómicos del próximo 1 de marzo. No es para menos.
Cafines ha denunciado la redacción ad hoc de un nuevo Plan Urbanístico para reconvertir el suelo rústico en urbano, lo que permite construir sin guardar la obligada distancia con la costa (100 metros). La asociación afirma que los terrenos bajo el bloque de apartamentos no eran urbanos antes de 1988, ni tampoco cuando se aprobó el Plan General definitvo de la Isla de Arosa en 2002.
«Hay gente que lleva viviendo siglos en la costa y sus viviendas se han visto afectadas por la Ley. Aquí, si eres socialista y del Gobierno, la vara de medir es diferente. Toda esta gente va a presentar una demanda contra Blanco, probablemente la semana que viene”, añade Piñeiro.
Cafines, que desde septiembre de 2007 ha solicitado de forma reiterada al Ayuntamiento de la Isla de Arosa documentación de las obras, asegura que la Xunta y el departamento de Costas abrieron expediente en su día e, incluso, obligaron a pagar multas a las viviendas que están detrás del edificio. La asociación promete que continuará su lucha. Mientras, aquellos que conocen bien la isla definen el bloque de apartamentos como «un atentado urbanístico que repugna, comparable con El Algarrobico”.
