(PD).- La casa y el coche. Son los principales conceptos a los que se destinaron en 2008 la mayor parte de los préstamos pendientes de pago. El 48% de ellos se solicitaron para comprar la vivienda habitual, frente al 26% que fueron solicitados para adquirir un coche y el 12% para consumo general.
Así consta en la memoria 2008 del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que se ha presentado este martes. Ante la situación de endeudamiento de las familias, CCU insta a conseguir un acuerdo general entre representantes de los usuarios y la banca, tutelado por la Administración, destinado a la refinanciación de las deudas.
El 6% de los préstamos pendientes de pago en 2008 fueron solicitados para la compra de una segunda vivienda, el 4,5% para «salir de un apuro económico», el 3% por «otros motivos» y el 0,5% para alguna celebración familiar.
El CCU atribuye el elevado sobreendeudamiento a la subida del precio de la vivienda, la relajación de las cautelas de las entidades financieras, las prácticas publicitarias agresivas de animación al crédito y las deficiencias e imprevisión de los consumidores. Asimismo, el CCU alude a la «fiebre consumista desproporcionada» de los ciudadanos a pesar de que el Banco de España advirtió ya en 2003 de los riesgos del sobreendeudamiento.
Así, la hipoteca media en 1996 era de 47.378 euros, 18 años de amortización y una cuota anual de 3.756 euros, y en 2007 el importe ascendía a 149.000 euros, el periodo de amortización a 28 años y la cuota anual a 9.061 euros.
El estudio afirma que el 32% de los consumidores españoles descontrola el gasto, de los cuales el 45% tiene problemas importantes y el 3% llega a niveles que afectan su vida personal y social. Entre los 30 y los 49 años se produce el mayor nivel de endeudamiento y los sectores más perjudicados son los jóvenes y los inmigrantes.
Ante esta situación, el CCU insta al Gobierno a poner en marcha una normativa específica de urgencia a la que puedan acogerse las familias que tienen problemas para hacer frente a sus deudas y ampliar las moratorias de pago.
También solicita el establecimiento de procedimientos de mediación y resolución de conflictos, medidas que agilicen el reflejo inmediato de las bajadas de los tipos de interés y promover la actuación de las administraciones para evitar que las familias que no puedan pagar sus hipotecas sean desahuciadas.
