Como dos coches que circulan en paralelo por la autovía, uno por el carril izquierdo y otro por el derecho, las trayectorias vital y política del ex alcalde lorquino Miguel Navarro (PSOE) y del ex consejero del Gobierno Regional, Francisco Marqués (PP), transcurren parejas como las de dos siameses.
Los describen Pilar Wals y Ricardo Fernández en la Verdad de Murcia como «hombres altivos y pagados de sí mismos, con un punto populista y hasta políticamente incorrecto en su forma de actuar».
Ambos fueron durante largos años una referencia fundamental en sus respectivos partidos políticos, alcanzaron las más altas cotas del poder en la Región (Navarro, segunda autoridad política como presidente que fue de la Asamblea Regional, y Marqués, tercera autoridad, como delegado del Gobierno, aunque durante un breve lapso), para acabar proscritos, como apestados, por quienes antes los ensalzaron como ejemplo, y para concluir sus carreras figurando como imputados en sendos asuntos de supuesta corrupción política.
Sospechosos ambos de haberse valido de sus cargos públicos para lucrarse ilícitamente.
Las coincidencias en algunos extremos son, en ocasiones, tan estrechas que resulta difícil pensar que sean sólo fruto del azar.
SEBASTIÁN FERNANDEZ RABAL
EL NOTARIO GENEROSO
Al margen de los agentes de la Policía Judicial que los detuvieron a ambos, uno de los puntos de conexión más sorprendentes entre Navarro y Marqués lo constituye la figura del notario y empresario lorquino Sebastián Fernández Rabal.
El pasado mayo, el ex consejero popular del Gobierno de Valcárcel tuvo que volver a pasar por Comisaría para responder de un supuesto regalo -cohecho- por parte de Fernández Rabal a cambio de un trato de favor político: un apartamento en la urbanización Hacienda El Hornillo S. L. (propiedad del notario y promotor), por el que habría pagado 104.000 euros.
Un precio tan anormalmente bajo -los informes policiales cifran su valor de mercado en unos 300.000 euros- que el propio Marqués tuvo que admitir que no tenía una explicación lógica para haberse beneficiado de tal chollo.
Ahora, al conocerse algunos detalles sobre el caso Limusa de presunta corrupción en Lorca, se ha sabido que Marqués no es el único político que adquirió una vivienda en Hacienda del Hornillo S.L.
Según señala el magistrado Sergio Romero Cobo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, cuyo auto de levantamiento del secreto de sumario comenzó ayer a desvelar La Verdad en exclusiva, Miguel Navarro adquirió supuestamente en el año 2007 una vivienda en el mismo complejo urbanístico, propiedad de Fernández Rabal.
Lo habría hecho, en una operación que todavía está siendo investigada, a través de una sociedad de la que el propio notario es administrador.
Si en el caso de Marqués existen sospechas de que éste favoreció a Fernández Rabal desde su cargo como consejero de Medio Ambiente, de lo que no hay duda es de que el notario se vio beneficiado por adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de Lorca.
Así, relata el juez Romero en su auto, Fernández Rabal es socio de la firma Lorca Centro Abierto S.L., que en el mes de julio de 1999 ganó la concesión del aparcamiento público de la Plaza de Abastos lorquina, y ello a pesar de que la citada sociedad se había constituido apenas dos meses antes.
Curiosamente, fue la entidad pública Suvilorsa (Suelo y Vivienda de Lorca) la que aprobó la adjudicación, y lo hizo cuando formaban parte de su consejo de administración el también imputado Francisco Ignacio Gil Eguino (ex gerente de Limusa y presunto cerebro de toda la trama de corrupción), y el entonces concejal socialista Miguel Miras, igualmente imputado.
Para seguir con el relato de circunstancias llamativas, por no decir abiertamente sospechosas, habría que señalar que cuando Gil Eguino abandonó Suvilorsa y se hizo cargo de Limusa, adquirió un porcentaje de acciones de Lorca Centro Abierto S.L., y que lo hizo a un precio que el juez califica de «irrisorio».
Fernández Rabal y Gil Eguino acabaron asociándose otra vez, tiempo después, en la firma Cabo Cope Naturaleza S.L., una de las piezas claves en el caso Limusa, y con la que ellos dos y otros tres socios se habrían enriquecido, ocultando a Hacienda dinero negro pormás de tres millones de euros.
ANTONIO BAÑOS
EL EMPRESARIO DESPRENDIDO
El dueño de Hacienda El Hornillo no es el único adjudicatario de contratos públicos en Lorca con el que Miguel Navarro tuvo relaciones particulares. Otro tanto ocurre con los hermanos Antonio y José Baños, conocidos empresarios lorquinos.
En sus declaraciones como imputados, uno de ellos señaló que habían realizado trabajos para el Ayuntamiento lorquino desde hacía muchos años y que en unos casos les eran adjudicados por concurso público y en otros, directamente.
A continuación añadió que para el entonces alcalde Miguel Navarro habían realizado diversos trabajos en su chalé de Calabardina (Águilas).
En concreto, señaló que la construcción del chalé la había llevado a efecto la empresa de un yerno suyo, y que el sistema de iluminación lo habían realizado ellos, los hermanos Baños, a pesar de que no era habitual que hicieran trabajos a particulares.
El citado empresario relató que sus trabajos costaban unos 18.000 euros, aunque a Navarro le descontaron la tercera parte de los mismos: unos 6.000 euros.
DINERO A CAMBIO DE FACTURAS
¿COMIDAS FAMILIARES O DE TRABAJO?
Especialmente cutre, en el fondo y en la forma, resulta uno de los cargos que el juez imputa a Navarro: el de malversación de fondos públicos. Reseña el magistrado que el entonces alcalde «no sólo conocía el funcionamiento, en cuanto al sistema de caja de Limusa, absolutamente ilícito, sino que incluso se benefició y lucró personalmente haciendo uso del mismo».
Así, sabiendo que en la empresa pública «se saltaban todos los mecanismos de control administrativo correspondientes, él mismo hizo un uso personal de dicho sistema para fines propios», y habría pasado al cobro a Limusa diversas facturas, correspondientes a comidas realizadas en restaurantes y marisquerías de los alrededores de su chalé de Calabardina, como gastos de representación.
El propio Navarro, en su declaración ante el juez, reconoció que el sistema de cobro «le parecía extraño» y admitió que quizás, «por error», hubiera metido alguna factura de comida familiar como gasto de representación.
Tratándose de Limusa, parece que todo valía.
