El Gobierno Zapatero ha renunciado a la expropiación

El Algarrobico, convertido en una ruina, se vuelve ahora legal

Los suelos en los que se asienta el hotel vuelven ahora a ser urbanizables

La demolición es técnica y físicamente imposible, debido a que se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse

Ha sido un despropósito tras otro y todo a cuenta del erario público, porque la enorme factura que ha originado la incompetencia de Manuel Chaves, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, unida a las prisas mediaticas del Gobierno Zapatero, habrá que pagarla. Y no está claro que el «penitente» vaya a ser Azata, la empresa constructora del hotel «El Agarrobico».

La reciente aprobación definitiva del Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el socialista Cristóbal Fernández, de la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en la que mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta El Algarrobico, ha retrotraído de un plumazo la situación legal del terreno a 25 años atrás, cuando en 1984 se redactaron las normas urbanísticas del municipio, salvo que por el camino ha quedado un hotel de cuatro estrellas prácticamente concluido, pero abandonado.

INVERSION MILLONARIA TIRADA A LA BASURA

En el camino ha quedado también una inversión millonaria de Azata del Sol, la empresa que lo construyó con el beneplácito de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento al Gobierno, pasando por la Junta de Andalucía, que promocionaron, autorizaron y subvencionaron su construcción en razón del interés general, dentro del Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Níjar.

Este plan fue, en su día, auspiciado por la Junta de Andalucía para crear actividad y empleo en la zona.

Sin embargo, amparándose también en el interés general, las mismas administraciones que habían promocionado el proyecto desde 2002 dieron en 2006 una drástica vuelta de timón a su actuación, y pasaron a presentar el hotel de El Algarrobico como el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística.

En 2006, y pese a que el Ministerio de Medio Ambiente había autorizado la edificación en esos terrenos años antes, su titular, Cristina Narbona, tomó la iniciativa política de derribar el hotel y devolver el terreno a su estado natural.

El entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, secundó la decisión, a pesar de que la Junta había gestionado la subvención del Ministerio de Economía para su construcción en 2002, de que las consejerías de Turismo y Salud resolvieron favorablemente a su instalación en 2003, de que la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto en mayo de ese mismo año, y de que la Junta aprobó en enero de 2004 el Plan de Desarrollo Sostenible que promovía la construcción de hoteles en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente anunció que iniciaba «de forma inmediata el expediente de expropiación para la restauración paisajística de la zona», después de que Greenpeace denunciara su ilegalidad por encontrarse en terreno protegido y por construirse dentro de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

UNA LEY DE COSTAS QUE ES PAPEL MOJADO

Las administraciones habían respaldado hasta entonces el proyecto del hotel a pesar de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque calificó los terrenos como protegidos desde 1994 y de que en 1988 la Ley de Costas aumentaba a 100 metros la zona de servidumbre, que antes era de 20 metros.

La empresa constructora siempre ha mantenido que no tenía por qué acogerse a esta nueva legislación, al entrar en vigor después de la aprobación del plan parcial.

Azata del Sol también afirma que la protección del terreno fue un error de la Administración autonómica a la hora de hacer los planos.

De hecho, la Junta había entendido hasta que se tomó la decisión política de derribar el hotel, que El Algarrobico era zona urbanizable.

El 23 de febrero de 2006, cuando el hotel estaba ya prácticamente construido, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización de las obras.

El hotel tenía previsto abrir en junio de ese mismo año y ya había iniciado la contratación de unas 500 personas. Según la empresa Azata, la demolición y la restauración paisajística de la zona podía costar 300 millones de euros.

UNA DEMOLICIÓN IMPOSIBLE

Azata del Sol sigue considerando ahora totalmente inviable la demolición del edificio. El portavoz de la empresa, Antonio Baena, asegura que la demolición es «técnica y físicamente imposible, tal y como han certificado los arquitectos de la constructora, debido a que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse».

Baena afirma que este ‘detalle’ impedirá devolver el paraje a su estado inicial, con lo que el hotel estaría condenado a permanecer como una ruina perpetua en plena playa de El Algarrobico.

Ahora, los grupos ecologistas han interpretado la decisión del Ayuntamiento de Carboneras de clasificar el suelo como edificable y de la Administración autonómica como «una apuesta por la legalización» del hotel, que les deja «tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición y por otro aprueba actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad».

La actual ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha decidido desestimar el procedimiento de expropiación iniciado, inhibiéndose, de esta forma, de la resolución de su antecesora en el cargo.

 

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