El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, David Taguas, afirmó este jueves que la cuantía de préstamos participativos que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 para atender los altos costes de las expropiaciones en las concesiones de autopistas de peaje, unos 355 millones de euros, son «claramente insuficientes».
�Las necesidades que van a tener las empresas por expropiaciones en el caso de las autopistas de peaje supera con mucho la cifra que está presupuestada�, indicó Taguas en el marco de unas jornadas organizadas por la asociación de ex diputados y ex senadores de las Cortes Generales, donde aseguró que «faltan 600 millones de euros».
En todo caso, aseguró que es �más urgente� que se concedan estos préstamos, para recordar que de los 200 millones presupuestados para 2010 en esta materia, aún «no se ha hecho en ningún caso; hasta el día de hoy ni un euro». «Sería bueno que ese dinero llegara al fin para lo que fue dispuesto en los PGE para 2010», agregó.
Por otra parte, Taguas destacó que es fundamental un nuevo marco normativo y regulatorio que sea exportable por las empresas españolas a otros mercados, ya que son «líderes mundiales en el sector de concesiones».
Además, abogó por la puesta en marcha de nuevos modelos de tarificación por uso de las infraestructuras.
REESTRUCTURACIÓN
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, indicó que si no se toman medidas puede tener lugar una «aceleración no ordenada de su reestructuración», con importes efectos en la desaparición de empresas y el consecuente impacto en el empleo.
Por ello, destacó la necesidad de que se implemente un plan de reestructuración del sector de la construcción, que se implante la Euroviñeta en España, e incluso que se tomen medidas «polémicas» pero eficaces como, por ejemplo, privatizaciones de empresas públicas.
«Nos jugamos mucho: El tejido empresarial, la ingeniería, la formación del capital humano y la innovación», agregó.
Sobre el Plan Extraordinario de Inversión en Infraestructuras, aseguró que es muy importante pero que «todavía no ha llegado».
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes, Jaime Lamo de Espinosa, aseguró que el recorte de inversión en obra pública atenta contra el PIB y el empleo, y consideró que debe rectificarse.
Lamo de Espinosa dijo que hay margen de subida de algunos impuestos, y también para recortar gastos no productivos. Con ello, se podrían conseguir unos 2.000 ó 3.000 millones, con lo que «muchos de los problemas que se le plantean al Ministerio de Fomento y a las empresas del sector podrían ser resueltos», aseguró.
Mientras, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (Aerco), Javier Sáenz Cosculluela, destacó la necesidad de que en la inversión en infraestructuras se atienda a la demanda real y no a la demanda política, en referencia al AVE.
Además, aseguró que «no se puede renunciar» a que las infraestructuras se financien a través de los presupuestos del Estado, aunque «transitoriamente» pueda haber una colaboración público-privada.
