Cáritas Española ha remitido a los grupos políticos que se presentarán a las próximas elecciones generales un documento de propuestas que establece, entre otras, la de impulsar un pacto social sobre la vivienda para mejorar el acceso a una casa entre los más desfavorecidos.
Y es que Cáritas considera que la convocatoria de elecciones generales «ofrece a todos los grupos políticos y agentes sociales una oportunidad que es necesario aprovechar para avanzar en la superación de una situación social especialmente delicada y cuyos efectos sobre las personas más desfavorecidas son públicamente conocidos».
En virtud del último informe de la ONG, el número de pobres atendidos por la entidad se ha duplicado en tres años, al pasar de ser unos 400.000 en 2007, a 950.000 en 2011, cuando los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza en España rondan los 10 millones y los que están en riesgo de exclusión social, los ocho millones.
Ante esta situación, la ONG católica ha elaborado un documento con un total de 50 propuestas, divididas en seis apartados, que ha dirigido a los grupos políticos para que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar su programa electoral para las elecciones generales de noviembre.
El texto pide a los grupos que potencien el derecho a la vivienda establecido en la Constitución y que lo hagan impulsando un pacto social con una Ley de Vivienda y Suelo capaz de determinar «las condiciones básicas de acceso efectivo a la vivienda protegida y sus modalidades de gestión pública».
El documento habla también de «fijar y reforzar un marco sancionador y común a las diferentes administraciones, que tipifique un régimen de infracciones y sanciones en materia de especulación y corrupción».
Además de la vivienda, la propuesta de Cáritas recoge medidas relacionadas con los servicios sociales, el empleo, la migración, cooperación para el desarrollo y sobre financiación y fortalecimiento del tercer sector.
Entre sus sugerencias, figuran el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, el desarrollo de iniciativas de acompañamiento sociolaboral de empleo de tránsito para los colectivos con menor grado de empleabilidad, o la creación de una Ley de Acción Social.
