El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, sin ningún voto en contra, una enmienda transaccional en el Debate sobre el Estado de la Nación que contempla estudiar el incremento del valor del inmueble hipotecado, hoy establecido en el 50% en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que el inmueble puede ser adjudicado al creditor en caso de que la subasta del bien quede desierta.
El texto de la enmieda fue firmado por PSOE, PP y CiU pero salió adelante con 343 votos a favor y sólo cuatro abstenciones. Supone un paso más en la reforma anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación.
La enmienda transaccional pide que la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para estudiar los cambios en el sistema hipotecario aborde incrementar las cuantías fijadas como inembargables en sueldos, pensiones y retribuciones, en caso de el bien sea la vivienda habitual, y teniendo en cuenta las cargas familiares.
Se pretende también la introducción de la subastas judiciales electrónicas para ampliar el «número potencial de licitadores» y, por tanto, las «posibilidades de que la subasta no quede desierta».
Los parlamentarios quieren que se supervisen las «condiciones para la concesión de créditos hipotecarios con el fin de evitar cláusulas abusivas con especial atención a las llamadas cláusulas suelo».
De igual modo, quieren desarrollar en colaboración con los agentes sociales, económicos y financieros sistemas de información y mediación para la resolución de conflictos, de manera que las familias puedan afrontar con mayor seguridad y conocimiento sus operaciones de crédito.
La subcomisión también deberá estudiar posibles mecanismos para incentivar que las entidades bancarias ofrezcan información suficiente sobre la constitución de hipotecas.
Todas estas medidas deberán ir en paralelo a una serie de decisiones para «reforzar las políticas públicas de vivienda. Entre ellas se contempla redefinir la línea ICO-Moratoria de hipotecas con una dotación no utilizada de casi 6.000 millones de euros, «destinada al apoyo de las familias con préstamo hipotecario que pierdan el empleo y, por tanto, en riesgo de exclusión social, así como a incrementar el parque público de vivienda en alquiler».
La enmienda también contempla impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del stock de viendas vacias a precios aseguibles y seguir estimulando la rehabilitación de edificios y viviendas, reduciendo los trámites administrativos para el acceso a ayudas, ampliando el concepto fiscal de rehabilitación para que abarque todas las modalidades de mejora y mantenimiento.
También resultó aprobada una resolución del PSOE en la que pide al Gobierno medidas para garantizar «el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria» para evitar así el «abuso» sobre el deudor mediante el «malabaratamiento» de la vivienda .
Otros grupos habían presentado propuestas de resolución para que se legislara la dación en pago, es decir, que la entrega del bien hipotecado supusiera la cancelación total de la deuda.
