Promotor de chalés en Ajo (Cantabria) señala que no usó la sociedad patrimonial de su hermana y su madre para defraudar

El promotor de 38 chalés en Ajo (Bareyo) acusado de estafa y alzamiento de bienes ha asegurado este martes que no usó la sociedad patrimonial que gestionaban su madre y su hermana para «defraudar» a los compradores de las viviendas, a quienes avisó «de palabra» de que, si no escrituraban las fincas, su promotora, Gesppro, las iban a hipotecar para poder asumir la ejecución de la urbanización.

Durante el juicio, que ha comenzado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial después de que no se haya podido llevar a cabo por varias incomparecencias del acusado, el promotor, J.M.C.C., ha alegado que no pudo levantar las hipotecas sobre tres de las viviendas –cuyos propietarios se han presentado como acusación particular en el juicio– por «el cuello de botella» y los «problemas económicos» y la falta de liquidez que atravesó a partir de 2001.

Sin embargo, ha asegurado que ofreció a los tres compradores de la viviendas que se ubicaban en las fincas que no pudo deshipotecar «compensaciones», como otras viviendas o terrenos, que no fueron aceptadas.

Además, el acusado ha negado que la sociedad que constituyó y que, gestionada por su madre y su hija, adquirió los derechos de varias de las viviendas era de carácter «patrimonial» y «nadie la inventó para defraudar ni para alzar bienes», tal y como mantiene la Fiscalía, que pide para el promotor una pena de seis años de cárcel y 8.100 euros.

De hecho, ha asegurado que la sociedad se constituyó antes de que él padeciera los problemas económicos que le impidieron levantar algunas de las hipotecas.

En su declaración, el acusado ha insistido en que la sociedad, Terrenos Castañeda, asumió «las obligaciones y derechos» que pesaban sobre las fincas y las viviendas, cuya hipoteca era gestionada por Caja Cantabria, principal acreedora de la promotora Gesppro.

«Todo el dinero fue para Caja Cantabria», ha asegurado el promotor, acusado por la Fiscalía de un delito continuado de alzamiento de bienes y otro de estafa, quien ha señalado que no ha usado la sociedad para quedarse con el dinero, del que no ha visto «un euro».

Al ser cuestionado sobre este asunto por uno de los abogados de la acusación particular, este promotor ha asegurado que no «hubiera arriesgado» la vida de su madre –actualmente fallecida– ni su salud y la de su hija, que en un principio fue imputada y posteriormente absuelta, para quedarse con ese dinero.

Ha señalado que «nunca» recibió dinero de Terrenos Castañeda por las viviendas, sino que éste quedó retenido para pagar las hipotecas, si bien fue absorbido por «necesidades generales de la obra».

LOS PROPIETARIOS

Por su parte, los abogados de los tres compradores que se han personado como acusación particular han insistido en que en, en estos casos, estos propietarios satisfacieron el total del importe por su vivienda, si bien se encontraron con que sobre la finca pesaba una hipoteca que no había sido levantada por parte del promotor, por lo que no se podía escriturar si no se asumían estas cargas.

Las viviendas adquiridas por estos tres propietarios pertenecía cada una de ellas a una de las tres fases de esta urbanización y firmaron sus contratos entre los años 1997 y 1998.

En dos de los tres casos, se abrieron dos procedimientos judiciales a instancias de los propietarios, uno para poder escriturar una de las viviendas y el otro por el desacuerdo de unos compradores a satisfacer 800.000 pesetas (lo que les restaba para pagar su vivienda) por la existencia de «desperfectos».

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Autor

Irene Ramirez

Irene Ramirez. Responsable de campañas en Grand Step. Fue redactora de Periodista Digital entre 2012 y 2013.

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