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Banco Santander y Catalunya Caixa han sido los primero en adherirse al código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno Rajoy el viernes 9 de marzo de 2012, dentro de su plan para minimizar el impacto social de los desahucios.
Adicionalmente, el Banco Santander mantiene la iniciativa que lanzó en julio del año pasado de otorgar una moratoria del pago de capital durante tres años, sin modificar las condiciones financieras y permitiendo el alargamiento del plazo, a aquellas familias que hayan visto reducidos sus ingresos o en las que uno de los miembros esté en paro.
La entidad catalana ha destacado que ya ha aplicado la dación en pago a 6.500 familias que no podían afrontar la hipoteca de su vivienda desde 2008. Además, fue pionera en transformar hipotecas impagadas en contratos de alquiler para evitar el desahucio, fórmula que ha aplicado a 1.850 familias en estos años.
Las familias en «riesgo de exclusión social» podrán acogerse a la dación en pago cuando se den las siguientes condiciones: las cuotas hipotecarias excedan un 60% de sus ingresos, todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y se trate de la vivienda habitual.
Además, la vivienda objeto del embargo será la única propiedad del hipotecado y no podrá valer más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes; 180.000 en las de más de 500.000 habitantes o integradas en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 habitantes; ni 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000.
El código, voluntario para las entidades financieras, contempla la reestructuración de la deuda, la quita de parte de la misma y en última instancia, la dación en pago.
Eso sí, los bancos que decidan acogerse al código deberán cumplir con estas medidas y se podrá recurrir a los tribunales para compelirles a ellos, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Ministros del pasado viernes.