Jueces y fiscales han llamado la atención sobre la necesidad de reformar la normativa de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, tras denunciar que favorece en exceso a la banca y deja desprotegidos a los clientes
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado su intención de cambiar la normativa sobre los desahucios para incorporar medidas «mucho más eficaces» para frenar esas situaciones que dejan cada día a muchas familias en la calle y que satisfagan al PSOE, con quien quiere pactar su aprobación.
«No es una reforma que queramos aplazar sino aprobarla lo antes posible», dijo tras el Consejo de Ministros del viernes 2 noviembre 2012.
El Gobierno ha creado un grupo de trabajo con los ministerios de Economía, Hacienda y Justicia, entre otros organismos, para analizar «todas las posibilidades legales» con vistas a frenar los desahucios.
De hecho, ya se ha producido una primera reunión «de alto nivel entre los ministros», cuyos departamentos serán ahora los encargados de trabajar sobre las medidas, explicó Saénz de Santamaría.
La vicepresidenta garantizó que existe la «máxima voluntad» del Gobierno para analizar la reforma con otros partidos , «especialmente el PSOE», con el objetivo de que «satisfaga las posiciones de unos y otros» y se pueda pactar su aprobación.
«Hemos iniciado contactos para analizar las propuestas y buscar un consenso que permita poner en marcha medidas que sean mucho más eficaces en este asunto, que tiene un gran calado social y en el que tendremos que encontrar medidas de distinta naturaleza para poder paliar la situación que viven algunas personas como consecuencia de la pérdida del empleo.»
La número dos del Gobierno abogó por dar una «nueva vuelta de tuerca» al Código de Buenas Prácticas aprobado a principios de años para proteger a deudores hipotecarios sin recursos, con el objetivo de que la banca llegue a acuerdos con las familias en dificultades para evitar que se queden sin vivienda.
En las últimas semanas, diferentes grupos de jueces y fiscales han llamado la atención sobre la necesidad de reformar la normativa de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, tras denunciar que favorece en exceso a la banca y deja desprotegidos a los clientes.
El PSOE, por su parte, lanzará el lunes su iniciativa contra los desahucios, la proposición de ley que presentó el pasado 25 de octubre en el Congreso para «parar de una vez por todas» estas actuaciones. También pedirá la moratoria para frenarlos de forma urgente. Se trata de «un rescate ciudadano, que permita que hablemos de las personas en primer lugar y de las entidades financieras en segundo lugar».
Los socialistas plantearán alternativas para quienes sufren insolvencia sobrevenida no dolosa y para ir «más allá» de la exigencia de permitir la dación en pago, «que soluciona sólo una parte del problema».
El presidente de la plataforma hipotecaria de Adicae, Manuel Pardos, espera que el PP adopte una moratoria para la paralización de embargos y desahucios . «Ya es hora de que el Gobierno entienda que existe un enorme problema». Subrayó que cerca de un millón de familias han sido desahuciadas desde que comenzó la crisis o han pactado el desalojo de su vivienda con lo bancos. A ello hay que sumarle el «elevado número de personas con impagos». Adicae exige dar tres años de plazo para ver cómo evoluciona la situación.
