El sector de viviendas de uso turístico en España roza los 120.000 inmuebles, beneficia, de forma directa e indirecta, a casi 436.000 personas y genera un impacto económico próximo a los 2.000 millones de euros
Hasta ahora, los propietarios de pisos y casas gozaban de una amplia libertad para alquilar sus inmuebles por períodos reducidos de tiempo con fines turísticos, sobre todo en verano y en Semana Santa, consiguiendo así unos ingresos extra.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha plegado a las presiones de la industria hotelera para, finalmente, restringir y limitar de forma muy sustancial el arrendamiento de viviendas vacacionales.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este 23 de mayo de 2013 de forma definitiva el proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, impulsado desde el Ministerio de Fomento, que, entre otras medidas, deja en manos de las comunidades autónomas la regulación relativa a los alojamientos y viviendas turísticas de particulares.
Explica M. Llamas en ‘LD’ que, a partir de ahora, los alquileres de temporada dejarán de estar amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para depender de las leyes sectoriales de cada gobierno regional.
El problema es que las normativas turísticas de las CCAA son mucho más restrictivas e intervencionistas que la LAU, con lo que los propietarios tendrán más dificultades y limitaciones para poder alquilar sus inmuebles a turistas.
La mayoría de CCAA obliga a registrar o dar de alta los inmuebles en el organismo turístico competente, lo cual implica cumplir una serie de requisitos y condiciones muy específicas.