Estos intermediarios deberán identificar a los cesionarios y cedentes, la vivienda cedida y el importe por el que se ha cedido
La opacidad fiscal que generalmente rodea el negocio de las plataformas colaborativas tiene fecha de caducidad: julio de 2918.
Para entonces, las empresas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba estarán obligadas a aportar pelos y señales a la Agencia Tributaria sobre la actividad realizada.
Estas empresas puntocom no tendrán que realizar especiales trabajos para cumplir con la futura normativa del sector. En la actualidad, cada movimiento realizado por la plataforma ya se hace público de forma pormenorizada entre los interesados, incluido el pago por cada día de alojamiento, los gastos de limpieza e incluso la hora de entrada o salida.
Como explica Antonio Lorenzo en ‘El Economista‘ este 31 de diciembre de 2017, con este movimiento, los caseros que pretendan ocultar esta actividad al fisco tendrán poderosos motivos para no hacerlo.
Nada que se contrate a través de estas plataformas será ajeno a Hacienda, incluido el nombre del titular de la vivienda, las personas que lo disfrutan, la identificación del inmueble, el número de días disfrutado y el importe obtenido por ello.
Según se explica en la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes, y con el fin de prevención del fraude fiscal, el Ejecutivo «establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos».
El año pasado la Agencia Tributaria avisó a un total de 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble, y que, por tanto, tenían que incluir el dinero que hubiesen recibido por este concepto en su declaración.
«Estos intermediarios deberán identificar a los cesionarios y cedentes, la vivienda cedida y el importe por el que se ha cedido».
Fiscalización interna
En la actualidad, los pagos que reciben los caseros ya están fiscalizados por la propia plataforma. De hecho, ningún abono se escapa a la actuación de Airbnb o sus equivalentes.
Tampoco existe la posibilidad de que el inquilino y el casero puedan contactar directamente sin antes haber formalizado una reserva.
A modo de ejemplo, antes de que se haya alcanzado un acuerdo de alquiler, el servicio de mensajería instantánea de Airbnb omite los números de teléfono o direcciones de correo que pudieran incluirse en el texto del mensaje.
Los caseros que ceden sus inmuebles para estos alquileres temporales también están obligados a disponer de un censo de visitantes, que compartirá con cada nuevo huésped mayor de edad con la Policía y el Ministerio de Interior, como también realizan los hoteles, pensiones y camping, entre otros.
La reacción de las patronales turísticas no se hizo esperar. Su tarea de lobby ha llegado a buen puerto una vez que cortan parte de las alas a sus más feroces competidores. La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha mostrado su «satisfacción» por las medidas aprobadas por el Gobierno.
Según valoran los empresarios turísticos, la iniciativa contribuirá a evitar el conjunto de «externalidades negativas» que la conversión descontrolada de viviendas turísticas está generando sobre un número creciente de destinos españoles, entre los que figuran Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valencia o Palma, entre los más importantes. Entre dichos efectos negativos cita la expulsión de los residentes de los centros de las ciudades por el encarecimiento del acceso a la vivienda, los problemas de convivencia vecinal o la superación de la capacidad de carga y la desnaturalización de los barrios, por el exceso de presión turística, sobre los que viene advirtiendo Exceltur desde 2016.
«Esperamos y deseamos que el liderazgo mostrado por el Gobierno se vea continuado con un mayor esfuerzo de coordinación entre las distintas administraciones para disponer de un marco legal más homogéneo y con una mayor capacidad real para el control de su cumplimiento, hoy todavía no garantizado».
