Economía
Lus, electricidad, energía y recibo. LZ

El precio de la electricidad en el mercado mayorista ESPAÑOL ha registrado un nuevo máximo anual y pasa a ser de 75,93 euros, con lo que supera el anterior, cuando el 12 de septiembre llegó a los 75,39 euros el megavatio/hora (MWh).

Este es el tercer máximo anual que marca el precio de la electricidad en este mes de septiembre, después de los registrados los pasados días 5 y 12.

El precio de la electricidad viene manteniéndose este mes por encima de los 70 euros/MWh en el mercado mayorista, debido al encarecimiento del precio de los derechos de emisión del dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales.

En lo que respecta al gas natural, el Gobierno acaba de aprobar también medidas para paliar el elevado coste de la calefacción. España tiene uno de los precios del gas natural más elevados de Europa, según los datos de Eurostat.

Para los consumidores domésticos (definidos dentro del rango de 20 Gigajulios a 200 Gigajulios), los precios del gas natural durante la segunda mitad de 2017 fueron los más altos en Suecia, Dinamarca, Italia y España, mientras los precios más bajos se registraron en Rumanía, Hungría y Croacia.

La subida imparable de la factura de la luz está siendo motivo de preocupación tanto entre consumidores como entre productores y empresas. Y es lógico, porque la electricidad es un factor básico para el desarrollo, y su encarecimiento se traduce, automáticamente, en un elemento de desventaja.

Al final, no se trata sólo de un asunto de política energética, sino, que también impacta en la economía y en la sociedad.

Es importante recordar que, cuando hablamos del precio de la electricidad, nos referimos al precio de la generación de ésta, que representa entre un 30 por ciento y un 50 por ciento de la factura final. A ello se suman otros costes del sistema como el transporte, la distribución, los impuestos, la potencia, etc.

La tendencia alcista que hemos venido observando desde mayo fundamentalmente se está dando en el carbón y en las nucleares.

El motivo no es otro que el proceso de descarbonización en el que estamos inmersos desde hace algún tiempo. No se trata de una tendencia local, sino global e ineludible, ya que la Unión Europea ha marcado a todos los países objetivos de reducción de emisiones de CO2.

El carbón es un fuerte emisor de CO2, es lógico que esta fuente sea de las primeras en las que se está trabajando para cumplir con los objetivos medioambientales. No es difícil prever que, gradualmente, se irán desmantelando las centrales de carbón y que, en paralelo, las energías renovables -sobre todo la eólica y la solar- irán ganando terreno.

En concreto en España, aunque hasta ahora buena parte de las inversiones se centraban en la energía eólica, en los próximos años se observará un aumento de la energía solar.

Otro factor fundamental en el incremento de la factura eléctrica es el precio de las materias primas -el carbón, el gas o el brent-, que ha subido entre un 20 por ciento y un 30 por ciento.

En el caso del carbón, este encarecimiento se debe, en buena parte, a su carácter contaminante. La tecnología para minimizar su impacto medioambiental es cara y, además, en su precio repercuten las penalizaciones y las compras de derechos de emisión a las que están obligados los productores. Este último factor es el principal motivo por el que el precio de la energía está experimentando un encarecimiento sin igual.

En menos de un año, el precio de los derechos de emisión ha pasado de 5-7 euros a 25 euros por tonelada y eso, por supuesto, se refleja en nuestra factura. Hasta 2014 todas las instalaciones renovables se acogían a un régimen especial por el que tenían derecho a percibir subvenciones o primas adicionales al precio regular de producción. Al cambiar la normativa, las nuevas plantas de renovables han empezado a realizarse por subastas y ha cambiado su modelo de negocio. Para financiarse, han apostado por los contratos de venta de energía a largo plazo, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement), de una media de 10 años.

Ambas partes sacan ventajas de este modelo: una parte se asegura sus ingresos, mientras que la otra parte fija sus costes de aprovisionamiento de electricidad.

En realidad, no se trata de un modelo nuevo, pero si antes se daba fundamentalmente entre productores y suministradores, ahora también las empresas y los grandes consumidores tienen acceso a este producto, pudiendo así fijar sus precios a largo plazo.