Los compradores de vivienda, necesitados de una hipoteca, no saben a qué atenerse. La banca tampoco. El nuevo episodio protagonizado este 22 de octubre de 2018 por el Tribunal Supremo volvió a sumir en el caos la venta de hipotecas.
El Supremo comunicó este lunes que ha fijado para el próximo 5 de noviembre el pleno para aclarar definitivamente quién tendrá que pagar a partir de ahora el impuesto sobre la constitución de las hipotecas, después de que la semana pasada la sala de lo Contencioso-Administrativo determinase en una sentencia que será el banco y no el cliente el que debe abonar esa cantidad. Los magistrados subrayan que la sentencia del día 16 es firme y no será revisada pero la doctrina se clarificará.
Distintas entidades han incorporado cláusulas para dejar claro que dicho gravamen se debe abonar en función de la legislación vigente. En este momento es el usuario el que debe sufragar esta tasa, que puede alcanzar el 1,5% dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se ubique el inmueble.
Con esta cláusula, si finalmente el Pleno del Supremo obliga al sector financiero a hacerse cargo del impuesto, estos bancos asumen el coste en las hipotecas que se están formalizando desde el viernes pasado, con lo que se agilizaría todo el proceso.
Como explican Fernando Tadeo, Eva Díaz y Cristina Triana en ‘El Economista’ este 23 de octubre de 2018, hay que tener en cuenta que hay 30 días hábiles para que se deposite el impuesto en las haciendas regionales, por lo que las partes cuentan con margen suficiente, ya que será el próximo 5 de noviembre cuando el Alto Tribunal tome una decisión.
No obstante, algún banco ha incluido en los contratos ante notario una salvaguarda para evitar el coste en caso de que el Supremo falle en contra del sector.
En una cláusula deja patente que las condiciones fijadas en el crédito son sólo y exclusivamente esos siempre y cuando sea el cliente el que pague la tasa de AJD. Es decir, que habría una modificación de las condiciones si el prestatario evita este gasto, que ronda entre 1.500 y 3.000 euros de media.
Distintas fuentes financieras destacan que el lunes hubo normalidad en el sistema y que la actividad continuó a pesar de la incertidumbre. Los notarios, a petición de su colegio sectorial, estuvieron advirtiendo de la incertidumbre existente sobre quién debe sufragar el impuesto con el objetivo de que los consumidores sean plenamente conscientes de la situación actual.
Las entidades no se oponen a tener que asumir a partir de ahora el impuesto de AJD, pero en ningún caso están dispuestos a tener que afrontar posibles indemnizaciones, ya que han sido las comunidades autónomas las que han recaudado el gravamen. De ahí que insistan en que las eventuales reclamaciones se dirijan a las agencias tributarias de cada región. En este escenario, eso sí, advierten de que habrá una subida de las comisiones o de los tipos de interés, es decir, que se trasladaría de alguna manera a los consumidores la tasa.
Salvo excepciones, la banca continúa ofreciendo hipotecas, pero está aconsejando a que se inicien los trámites una vez el Supremo adopte un criterio. Es más, Bankia, Santander y BBVA reiniciaron ayer la oferta y los simuladores de su web, que suspendieron el viernes para actualizar las condiciones y evitar un engaño a los usuarios.
Caos jurídico
El jueves una sala del Supremo sorprendió con su decisión de modificar el criterio hasta ahora establecido de son los prestatarios los que corren con el impuesto de los actos documentados. Veinticuatro horas después, sin embargo, anulaba de manera temporal este fallo hasta que el Pleno fijaría jurisprudencia.
Este lunes, el presidente del Alto Tribunal, tras una reunión de urgencia, anunció que dicha reunión se iba a celebrar en dos semanas, al tiempo que defendió a los magistrados de la sentencia que generó el revuelo. «Han actuado con plena lealtad y respeto a las normas procesales», señaló.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, habló por primera vez del caso y señaló que el Gobierno está analizando las posibles repercusiones que podría tener un cambio en la doctrina, ya que el agujero podría superar con creces los 26.000 millones para la banca y las agencias tributarias autonómicas.
Calviño, en declaraciones a Onda Cero, descartó cualquier tipo de presión política al Supremo para revisar la sentencia del jueves, favorable a los consumidores.
La ministra, además, señaló que es importante que en el mercado hipotecario haya seguridad jurídica porque afecta a buena parte de los ciudadanos. En este sentido también se pronunció el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que hizo referencia a los comunicados de las patronales sectoriales.
«Estamos a la espera de una clarificación de la situación y lo que pedimos es un contexto de seguridad jurídica», indicó el máximo responsable de Bankia, quien destacó que la banca tiene que ser «prudente» a la hora de hacer juicios valorativos.
Si el Supremo dictamina que los bancos deben pagar el impuesto de forma retroactiva, muchas entidades pueden entrar en pérdidas
En el sector se da por hecho que a partir de ahora tendrán que ser ellos los que asumirán el impuesto hipotecario, al igual que ya han comenzado a compartir los gastos de notaría y gestoría con los firmantes de un crédito para la adquisición de la vivienda.
La clave del embrollo es si habrá o no retroactividad si el Supremo determina que es el banco quién tiene que pagar la tasa. Este es el gran temor, porque muchas entidades podrían entrar en pérdidas o sus niveles de capital podrían bajar de las exigencias regulatorias en caso de que los reguladores obliguen a llevar a cabo provisiones para cubrir estos litigios.
Los despachos ya han amenazado con una ola de demandas contra los bancos para que devuelvan los importes a los los clientes, a pesar de que son las autonomías las que han cobrado la tasa.
