Lo único bueno en la sentencia, al menos para Ana Botella y su antiguo equipo en el Ayuntamiento de Madrid, es que la ex alcaldesa y los ediles condenados junto a ella solidariamente a pagar los 25 millones de euros pueden recurrirla.
Y lo van a hacer, como ya han anunciado en un comunicado. De no prosperar, los condenados deberán asumir los intereses hasta la ejecución completa de esta sentencia.
Pero aunque la mujer del ex presidente del Gobierno pueda apelar, semejante varapalo significa que esta noticia les ha amargado las navidades a los Aznar. Podemos decir que a sus 65 años Botella cuenta con una virtud enorme: es buena encajadora.
El estrepitoso fracaso de Madrid 2020 lo llevó con una gran dignidad y no digamos lo bien que soporta, aún hoy, el cachondeo generalizado de media España con su peculiar manejo del idioma inglés.
La decepción sufrida en Buenos Aires hace cinco años empezó pronto a pasarle factura y en 2018 no solo nos encontramos con Manuela Carmena en su sillón si no a la ex ‘primera dama’ del aznarismo frente a una papeleta importante.
Un estudio de la Universidad de Stanford asocia el estrés a la responsabilidad de los altos cargos de la política, y afirma que trae consigo un deterioro físico. Denominado la enfermedad de la prisa, puede llegar a triplicar el desgaste físico estándar del paso del tiempo.
Si comparamos el aspecto de Ana Botella, hace cinco años, de rojo, con el de ahora, en una boda junto a Pablo Casado este mes de octubre, vemos que dejar el poder en efecto le vino bien a nivel físico.
Botella está ahora dedicada a labores filántropas y poco más, pero esta sentencia la coloca en el foco mediático y no por cuestiones agradables.
El Tribunal de Cuentas la condena junto a sus concejales por el daño causado a las arcas públicas al vender las viviendas públicas por debajo del precio de mercado. El Tribunal estima parcialmente la demanda presentada en 2017 por el Ayuntamiento de Madrid que reclamaba un daño patrimonial por estas operaciones superior a los 55 millones de euros.
El consistorio reclamaba una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, en plena crisis económica, cuando el consistorio necesitaba hacer caja para tapar la deuda.
La venta se realizó por debajo del precio de mercado tal y como en su día reconocieron los informes de tasación y la Cámara de Cuentas que en 2016 ya alertó de las irregularidades con las que realizaron estas ventas de vivienda pública.
El Tribunal de Cuentas cifra en casi 26 millones de euros (25.752.103 euros) los perjuicios ocasionados en los fondos de la empresa y declara responsable contable directo de este daño a Fermín Oslé, que entonces era el máximo responsable de la EMVS.
La exalcaldesa Ana Botella y todos los concejales de aquel equipo de gobierno municipal son considerados responsables contables directos. Formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos deben asumir el pago solidario de casi 23 millones de euros para restituir el daño.
La sentencia refuerza la tesis de la Cámara de Cuentas y detecta muchas irregularidades y no solo por el precio de venta por debajo de su valor: ausencia de pliegos, falta de estudios técnicos, y en los concursos no se garantizó la libre participación a todos los interesados. Básicamente eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.
