Ley de DES-Memoria Histórica

El Gobierno Sánchez lo tiene crudo porque debe probar la «mala fe» de Franco para quitarle a sus nietos el Pazo de Meirás

El Gobierno Sánchez lo tiene crudo porque debe probar la "mala fe" de Franco para quitarle a sus nietos el Pazo de Meirás
El general Franco y el Pazo de Meirás, donde veraneaba el dictador. PD

Lo tiene crudo Pedro Sánchez, porque los nietos de Franco, actuales propietarios del Pazo de Meirás por herencia, quedan protegidos frente a los defectos de otras compraventas, siempre que no pueda demostrarse que en éstas existió mala fe.

Como explica María Jamardo en ‘OKdiario’ este 16 de julio de 2019, una vez el Gobierno socialista ha iniciado el procedimiento judicial para reclamar a los Franco el Pazo de Meirás, su éxito en el caso será la capacidad que tenga para probar que el dictador compró de «mala fe» el histórico inmueble.  Y lo tienen muy complicado.

Los herederos del dictador se encuentran protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. La norma reconoce que «el tercero que de buena fe» -en este caso Franco- que «adquiera» previo pago algún derecho de otra persona -la familia Pardo Bazán- «que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo», será «mantenido en su adquisición».

De manera que una vez se haya formalizado la inscripción registral -la compraventa del 40 es la única operación que así consta- «aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro».

Que existiese «mala fe» en la operación de venta de los Pardo Bazán no afectaría a la compra de Franco, salvo que la Abogacía del Estado pueda desmontar la presunción de buena fe del dictador, tal y como exige la normativa registral.

Así lo declara la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un acuerdo adoptado en Pleno no Jurisdiccional: al amparo de la Ley Hipotecaria «el adquirente de buena fe que confiado en los datos registrales» inscriba «un bien» en el Registro de la Propiedad, «gozará de protección incluso en supuestos donde la nulidad del título proviene de un ilícito penal.»

Esto es, los nietos de Franco que son propietarios del Pazo de Meirás por herencia y subsidiariamente por usucapión -uso pacífico del inmueble durante los últimos 20 años- quedan protegidos frente a los defectos de operaciones anteriores, siempre que en las mismas no pueda demostrarse que existió mala fe.

Acta notarial 

El Pazo de Meirás fue vendido a Franco por los herederos de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán en el año 1940 y la transacción inscrita en el registro de la propiedad.

En virtud de la misma, una vez muerto el dictador, en el año 1977 pasó a manos de sus herederos. Aunque, inicialmente, estos olvidaron incluir las Dos Torres en el inventario de bienes y la posterior escritura de herencia, subsanaron el error con posterioridad mediante una adición de herencia -complementaria– que la Abogacía del Estado cuestiona en su escrito, pese a que se trata de un trámite habitual.

Los letrados públicos encargados de plantear ahora la reclamación judicial del inmueble utilizan como base para desacreditar la operación anterior, un acta notarial de 1938, inédita hasta la fecha, que según el Ejecutivo socialista en funciones fue firmada ante notario en presencia del gobernador civil de la época.

El documento habría supuesto el traspaso del Pazo de Meirás a la Jefatura del Estado -dos años antes de su compraventa- y utilizado desde entonces por Franco como centro de reuniones oficiales en tareas de Gobierno lo que, a juicio de los socialistas, invalidaría la posterior adquisición del mismo a título personal por el dictador.

La demanda es una amalgama de conceptos con varios puntos débiles:

El hecho de que el uso del Pazo de Meirás se atribuyese a Franco cuando era Jefe del Estado no excluye la posibilidad de que se destinase a un uso particular y privado, en el que puntualmente se produjesen reuniones de Gobierno durante períodos vacacionales concretos.
La denominada acta notarial que la Abogacía del Estado asegura que demuestra que la propiedad ya había sido comprada, el 3 de agosto de 1938, por la Junta proPazo y financiada a través de una cuestación popular, no tendría validez registral -motivo por el que nunca fue protocolizada como tal- y por lo tanto no cumple con el requisito de primera inscripción que exige la normativa vigente.

Tal y como explican los registradores en un hilo en su cuenta oficial de Twitter:

 

Es decir, los registradores de la propiedad subrayan que un «acta notarial no es inscribible» y que el novedoso documento en el que la Abogacía del Estado basa su demanda corresponderá, probablemente, a una mera declaración ante notario de los importes recaudados en la cuestación popular y no a una escritura de compraventa como tal.

Algo que los letrados públicos tendrán que desmontar en sede judicial junto con la «mala fe» de Franco.

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Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

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