Fuentes judiciales destacan que es una simple orden sin valor ejecutivo

El Gobierno socialcomunista Sánchez-Iglesias abre la puerta a los ‘okupas’ de la segunda vivienda de las familias españolas

El propio Ministerio reconoce que la norma no permite incautaciones, pero anima al personal a hacerlas

El Gobierno socialcomunista Sánchez-Iglesias abre la puerta a los 'okupas' de la segunda vivienda de las familias españolas

Lo que faltaba, para enturbiar más el ambiente en estos turbios tiempos del coronavirus y con la ciudadanía enclaustrada en sus casas y sin poder moverse.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha publicado en el BOE de este 11 de abril de 2020 una orden ministerial para modificar el Plan Estatal 2018-2021, en el que abre la puerta al asalto por ‘okupas’ de las segundas residencias de millones de españoles

Explica Xavier Gil Pecharromán en ‘El Economista’ que el Gobierno socialcomunista Sánchez-Iglesias autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios a dar «una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables».

El BOE recoge en su apartado 3 el asunto central de esta nueva orden ministerial.

En primer lugar, apunta a que la obligación de que las comunidades autónomas pongan a disposición de este colectivo una vivienda de titularidad pública. Pero, ¿qué pasa si no las hay? El Ministerio de José Luis Ábalos asegura literal:

«Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».

La normativa es una muestra a las claras de la forma de redactar las normativas que viene desarrollando el Gobierno, según diversas fuentes judiciales con sultadas por elEconomista, ya que se trata de una orden ministerial, que no tiene rango de ley y, además, no tiene ninguna norma de ese nivel sobre la que apoyarse.

¿Sólo mala redacción?

Fuentes del propio Ministerio de Transportes reconocieron que a pesar de lo que dice el texto, esa no era la voluntad con la que se redactó. No obstante, recocieron la torpeza de la redacción, máxime tras las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, comentando que el artículo 128 de la Constitución permite al Gobierno disponer de la riqueza que hay en España cuando sea por el interés general.

Justamente, después de las filtraciones gubernamentales, de que Iglesias quería en el primer Consejo de Ministros de la crisis proceder a nacionalizar algunos sectores como la banca y los medios de comunicación para resolver la crisis.

El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha negado que la orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 que se ha publicado este sábado en el BOE faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales, tal como han denunciado PP y Vox.

«No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho».

La orden ministerial, que desarrolla en el Plan Estatal de Vivienda la nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de Covid-19, incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables para facilitarles una «solución habitacional inmediata» mediante una ayuda económica.

Esa subvención podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.

No es lo que dice la normativa, aunque solo se trate de una orden ministerial sin capacidad de ser puesta en marcha como expropiación. «que se atenga a las cinsecuencias el que trate de incautar una vivienda privada con esta orden y, máxime, sin indemnizar debidamente al titular del inmueble», han asegurado las diversas fuentes jurídicas consultadas.

La reacción de la oposición política

Esta normativa no ha sido pasada por alto en los partidos políticos.

«El exprópiese ha llegado a España», ha escrito en Twitter el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, emplazando a actuar al Tribunal Constitucional.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch había afirmado antes en la misma red que el Gobierno ha «colado en Semana Santa» una abolición de «la propiedad privada de la vivienda».

«Similar a medidas de Chávez que desataron una oleada de ocupaciones protegidas y sancionadas para la voladura del derecho de propiedad», ha dicho Tertsch.

El eurodiputado ha reconocido que estaba recibiendo multitud de mensajes diciéndole que su interpretación era errónea, «que no es así, que no dice nada de que sea obligatorio y que se supone que serán viviendas privadas que sus dueños ponen a disposición se supone de un precio que paga la administración».

Sin embargo, Tertsch cree que todo ello es «suponer demasiado» e insiste en que se «están borrando los derechos de la propiedad privada a la hora de disponer los poderes públicos de viviendas ajenas» y que por eso se hace «en Semana Santa».

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