La mayoría de los políticos no roba, por supuesto; pero los partidos a los que pertenecen, sí. Por eso, la financiación ilegal del partido de Duran i Lleida no es más que el último eslabón de una larga cadena que comenzó hace veintitantos años con las extorsiones del PSOE por medio de Filesa, Time Export y otras empresas fantasma.

De esa práctica delictiva no se ha librado casi ningún partido. Ahí están, si no, los casos Gürtel y Brugal, del PP, el de Casinos de Cataluña, de Convergència Democrática, y muchísimos más.
Casi todas las entidades financieras y las grandes empresas de este país han tenido que pagar las mordidas correspondientes, en forma de comisiones, sobornos, créditos sin retorno,… para poder trabajar sin miedo al poder político.

Decir esto es muy fuerte, pero está suficientemente documentado, aunque muchos crímenes hayan prescrito por dilaciones procesales, fallecimiento de sus responsables, acuerdos extrajudiciales, trapicheos políticos y el tácito acuerdo de no tirar de la manta porque “eso nos acabaría afectando a todos”.

La generalización de esta práctica tiene tantas explicaciones como personas implicadas en ella, pero también un común denominador a todas: la impunidad. ¿Cuántos de estos casos han llegado a los tribunales y cuántas sentencias se han dictado al respecto? Prácticamente, ninguna. Y cuando alguien ha sido cogido con las manos en la masa, como el saqueador del Palau, Félix Millet, sigue paseándose por las calles de Barcelona como si nada.

Para colmo, si algún día llega una condena, los corruptos podrán acogerse a acuerdos de conformidad, como en el caso Pallerols, o ser objeto de un indulto, como muchos temen que pueda ocurrir en un futuro con Iñaki Urdangarin.